Argentina: las mujeres confinadas con sus agresores

De marzo a junio fueron 97 las mujeres y personas trans asesinadas por violencia machista. La cuarentena sigue en Argentina y el recrudecimiento de la violencia por la reclusión de las mujeres con sus agresores alarma a los grupos feministas y requiere acciones de los sectores gubernamentales.

Sin banderas y sin plazas ocupadas por manifestantes. Sin abrazos reparadores, ni lágrimas que se secan con un pañuelo amigo. Desde los hogares, encerradas y en peligro, las mujeres y personas LGBTIQ+ de la Argentina gritaron “Ni una menos” durante el aislamiento preventivo obligatorio que se decretó el 20 de marzo. Lo hicieron el 3 de junio en una acción por redes sociales, pero tuvieron que comenzar con la consigna antes, en los primeros días del aislamiento: el momento en que las mujeres quedaron expuestas a 24 horas con sus violentadores; encerradas en sus casas, sin posibilidad de estar con grupos de contención, sin espacio para hablar por teléfono, sin escuelas para alejar a sus hijos y sin herramientas. 

El 21 de marzo, a un día de comenzada la cuarentena, asesinaron a Susana Melo (53) en Bahía Blanca (Buenos Aires). Su ex pareja, Gregorio Raúl Costa, le disparó en la cabeza y abandonó su cuerpo en un camino vecinal. 24 horas más tarde, el 22, Lorena Fabiola Barreto fue apuñalada en su casa de Posadas (Misiones) por su ex pareja, mientras dormía con su hijo.

Antes de la cuarentena por los riesgos de contagio del COVID-19, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” ya había registrado 80 feminicidios, y el promedio diario de llamados a la línea 144 (que brinda contención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia machista) oscilaba entre los 266 y 287. Una vez comenzada la reclusión total, las cifras aumentaron: los llamados diarios subieron a un promedio de 330 a 346, mientras que los feminicidios llegaron a 30 (solo en el mes de abril) alcanzando una muerte cada 34 horas. 

Los números de la Línea 144 son de público acceso, y su sistematización a nivel regional ayudó a que las diferentes provincias y municipalidades puedan implementar políticas especializadas. Las representantes de la Línea relacionan el aumento del caudal de consultas por su campaña de visibilización, la apertura del canal de Whatsapp (un 30% de las mujeres ingresan por esta vía) y la cantidad de profesionales que se sumaron al equipo para dar respuesta a las problemáticas acrecentadas por la pandemia. 

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó 10 medidas en el marco de la emergencia sanitaria. Se reforzaron las acciones y dispositivos nacionales de atención a las personas en situación de violencia por motivos de género. Así, se sumó personal especializado para la contención en la Línea 144 y se habilitó la posibilidad del contacto directo a través de Whatsapp. Además, se decretó la excepción del aislamiento obligatorio para las personas en situación de violencia, que salgan para  hacer denuncias o requerir asistencia. 

Se pusieron a disposición hoteles y lugares de alojamiento para aquellas personas que deban dejar sus hogares por motivos de género. Y se lanzó un protocolo junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de Defensa para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y diversidad. 

A la par, se gestionó la incorporación de mujeres en situación de violencia al programa Potenciar Trabajo (para acompañarlas social y económicamente); se prorrogaron las medidas de protección judiciales que podían vencer en cuarentena y se lanzó una campaña el “Barbijo rojo” para que los farmacéuticos puedan actuar ante una solicitud de personas en situación de violencia y se lanzaron recomendaciones a las diferentes municipalidades para accionar en conjunto. 

Sin embargo, las medidas no fueron suficientes. Las denuncias por violencia de género en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación alcanzaron su pico en junio con 334 pero, la mayoría de las mujeres, no llega a esta instancia. 

Victoria Aguirre, Coordinadora de Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) de la Ciudad de Buenos Aires, evalúa que siempre se llega tarde. “Nunca trabajamos en la prevención, sino en el hecho consumado o la situación desbordada. En los raptos de tranquilidad, son pocas las mujeres que van a llamar al 144. Nosotras recomendamos que, si sentís que una discusión o conflicto pone tu vida en riesgo: llames al 137 (línea de ayuda y atención para víctimas de violencia familiar y sexual) o agarres tus cosas y te vayas. Por ahora las líneas son compartimentos estancos, en la Línea 144 te dicen a qué comisarías podés ir o cómo llegar a la Oficina de Violencia Doméstica, sin evaluar tu situación”, explica.

El primer desafío del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad -a pocos meses de su creación- fue la centralización de datos y unificación de miradas. Martha Linares, directora nacional de Asistencia a las Víctimas de Violencias por Razones de Género del Ministerio, argumenta: “Entendemos que hay un proceso que tiene que ver con dejar de pensar el programa de la violencia como algo individual de seguridad, sino como algo más profundo que tiene diferentes entrelazados y responde a un sistema patriarcal con implicancias diferentes en cada situación. Si queremos proponer un abordaje integral, no podemos proponer como única estrategia la vía judicial, la denuncia”

El cometido del Ministerio argentino está estrechamente ligado a la Ley Micaela, promulgada en 2019, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Así, buscan desarticular el entramado machista que subyace en la sociedad y las personas que trabajan para ella. Durante el aislamiento, lanzaron una campaña de “Nuevas Masculinidades” que replantea actitudes del hombre y las actitudes contra las mujeres y disidencias. “Con programas como Potenciar Trabajo queremos generar áreas municipales de máxima cercanía para desarrollar pautas de alarma temprana. Conocimiento de los factores de riesgo para construir el mejor camino para esa persona”, añade Linares.

Actualmente, no hay cifras certeras de mujeres asesinadas en feminicidios. El recuento oficial lo lleva el Poder Judicial, pero no todos los casos llegan a estas instancias, por lo que quedan afuera de su posible contabilización. “A partir de los números que relevamos desde los medios de comunicación, surge nuestro accionar. Visibilizar las cifras es primordial para demandar políticas públicas. Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) empezamos a hacer informes cada 15 días, imitando los del gobierno. Celebramos todo lo que se hace, pero la estrategia quedó corta, teniendo en cuenta que el 60% de los feminicidios ocurren en las casas y las mujeres no podían salir”, manifiesta Clara Santamaria, abogada y Coordinadora de áreas de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. 

De las 97 mujeres asesinadas entre marzo y junio, 41 murieron en manos de parejas o ex parejas, según el relevamiento de prensa realizado por Violentadas en Cuarentena. Santamarina aclara: “Es necesario un engranaje que funcione: que se pueda excluir al violento del hogar, que la policía aparezca, que el botón antipánico funcione, que las denuncias en las comisarías se tomen en serio, que la justicia de respuestas. La mujer se tiene que enterar de que puede pedir ayuda”.

Hubo medidas propuestas que fueron señaladas por las agrupaciones feministas por su “falta de comprensión del problema de la violencia”. Una de ellas fue el Barbijo Rojo, que implica que la mujer se acerque a una farmacia y pida un barbijo rojo como señal de que está en peligro para que los farmacéuticos la ayuden. Sobre la propuesta, Aguirre analiza que: “si se puede ir a una farmacia, se puede ir a una comisaría. Tenemos un Estado ausente, todavía, que no puede resolver la correcta toma de denuncias. Solo un 20% de las víctimas hacen denuncias, de las cuales un 9% recibe un botón antipánico”. Por su parte, la pregunta que surge de esta información es ¿qué pasa con las denuncias que no reciben respuestas?. La referente de Mumala, que presentó un proyecto al respecto, explica: “las dejan ir con una perimetral que ellas mismas deben hacer cumplir. El otro 80% no denuncia porque el trámite es engorroso, porque no va a tener soluciones y porque tiene miedo. La justicia no termina de entender que el círculo de la violencia es: tensión, calma, golpe”.

Los pedidos de asesoramiento en la Línea 144 suelen reflejar violencia psicológica, simbólica, física, ambiental y económica. En muchos casos las mujeres y personas LGBTIQ+ no pueden abandonar sus hogares porque dependen económicamente de su agresor. Es por esto que el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género lanzó el Programa Acompañar, que busca crear condiciones materiales que garanticen a las personas afectadas por violencia de género la posibilidad de desarrollar su vida de manera autónoma. Para lo cual, se les entrega una ayuda económica equivalente a un salario mínimo durante seis meses y acompañamiento integral. 

“La pandemia exacerbó lo que ya existía”, reconoce Santamaria. Según el informe del Registro Nacional de Femicidios de Mumala, Argentina alcanzó semanas en las que se sucedió un feminicidio cada 24 horas. Solo en la primera mitad del año, más de 190 niños y adolescentes quedaron sin madre.  Si bien la mayoría de los crímenes se nuclearon en la provincia de Buenos Aires (la más poblada del país), el índice de mujeres asesinadas sobre la tasa poblacional demuestra que otras como Tucumán, Catamarca  Jujuy registraron un porcentaje superior. El 28% de las mujeres asesinadas durante el aislamiento fallecieron bajo un arma blanca y sus edades rondan entre los 19 y 40 años.

Los feminicidos son los únicos delitos que no solo no disminuyeron, sino que aumentaron durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en el país. Por eso, las agrupaciones que defienden a la mujer exigen “Emergencia Ni Una Menos” para solventar la ayuda con medidas concretas.

Tipos de denuncias

Feminicidios

Un movimiento feminista que defiende la vida de las mujeres

Además de las políticas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es el movimiento feminista el que aporta relevamientos y estrategias colectivas para frenar la violencia machista.

Si bien Argentina es uno de los países pionero en América Latina en legislaciones de género, las mujeres argentinas no están exentas de la violencia machista. A partir de las masivas movilizaciones de 2015, convocadas por el movimiento Ni Una Menos, se trazó un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres y las identidades LGBTIQ+. “Hoy no podemos hacer marchas pero la organización popular protagoniza respuestas a la crisis”, afirmó una de sus cofundadoras, Florencia Minici.

A pesar del aislamiento decretado el 20 de marzo, el movimiento feminista mantiene vivas -y quizás, más que nunca- las instancias comunitarias de acompañamiento y contención, como las redes de socorristas (para garantizar el aborto seguro en un país donde el aborto no es legal), comedores populares y casas de cuidado en los barrios.

Esto se da en el marco de una relación muy desigual en las tareas de cuidado que realizan hombres y mujeres en Argentina. Según la encuesta que realizó el medio Economia Femini(s)ta en 2013, las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico no remunerado. Este trabajo, según la Dirección de Estadísticas de la CABA -el municipio más rico del país-, equivale al 13,4% de su PBI.

En todo el territorio nacional, es la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, la encargada de prevenir, sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia. En esta norma se define violencia de género como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

A pesar de que el país del sur cuenta incluso con un Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad —una victoria del feminismo en esta gestión política—, el Estado es violento por omisión, en todos los casos de mujeres que denuncian a su agresor y no reciben protección suficiente. Según estudios de la organización argentina Mumalá, el 18% de las mujeres víctimas de femicidio en 2019 ya habían denunciado a su agresor. El porcentaje creció en 2020, con un 23% de denuncias precedentes al delito.

Según esta organización, hasta abril de 2020, hubo un femicidio cada 29 horas. Y aunque en Argentina el delito es tipificado como “femicidio”, la inacción y desprotección del Estado lo define como un “feminicidio”, según el concepto de la mexicana Marcela Lagarde.