Las razones del porqué asesinamos a nuestras mujeres en Brasil

En Brasil la situación de vulnerabilidad socioeconómica tiene más influencia en los casos de feminicidio. Mujeres negras mueren más por falta de información, apoyo e iniciativas de mitigación por parte del Estado. El acceso a los datos públicos no siguen patrones, dificultando mapearlos y, además, es el país que más mata mujeres trans.

Bárbara Oliveira no quiso darle dinero a su hijo para comprar sustancias psicoactivas. Aline Gomes quería la separación matrimonial  de su pareja. Elisângela Moreira, volver a su tierra. Deseos que no se pudieron cumplir. Mientras Brasil cerraba las puertas para escapar del coronavirus, Bárbara, Elisângela y Aline encontraron el feminicidio dentro de su propia casa, en ese encierro. Entre marzo y junio de 2020, 429 mujeres fueron asesinadas en el país en 26 de los 28 estados que respondieron a la solicitud de información que realizamos en Distintas Latitudes. Un promedio de 107 feminicidios al mes. Tres al día. Uno cada siete horas.

Los datos, que no revelan la realidad de todo el país y apuntan a la fragmentación de la información, muestran que la cantidad de feminicidios en Brasil durante los primeros cuatro meses de la cuarentena por la pandemia de covid-19 corresponde al 32% de lo ocurrido en 2019, y que el promedio de casos por día sigue siendo el mismo que el año anterior.

En marzo de 2020, cuando el país decretó una emergencia y estados como São Paulo, Pernambuco, Río de Janeiro y Ceará iniciaron el distanciamiento social, hubo un aumento de 38.9% en los femicidios en comparación con el mismo período del año anterior. El feminicidio, sin embargo, es solo la punta del iceberg de la opresión doméstica sufrida por las mujeres brasileñas durante la cuarentena. Es el resultado final y extremo de una serie de otras violencias sufridas, como explica el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) en la tercera edición del informe Violencia doméstica durante la pandemia de covid-19.

El aumento de la violencia doméstica en la pandemia fue un pronóstico que se convirtió en percepción. La encuesta “Sin parar: el trabajo y la vida de las mujeres en la pandemia”, de Género y Número y la ONG Sempreviva, mostró que el 91% de las mujeres brasileñas cree que la violencia doméstica aumentó o se intensificó durante el aislamiento social. Sin embargo, cuando se les preguntó sobre experiencias personales, solo el 8.4% dijo haber vivido alguna situación de violencia. El porcentaje aumenta entre las mujeres en las clases más bajas. Entre las que tienen hasta un salario mínimo de ingreso familiar, el 12% dice haber sufrido violencia en la cuarentena.

Las mujeres pobres y negras experimentan más violencia y tienen aún más dificultades para informar y recuperarse del trauma. “La mujer blanca también sufre violencia. Pero tiene más recursos para desconectarse de su marido. Tiene dinero para contratar abogados que aceleren el proceso de divorcio y tomen medidas de protección. Además, por supuesto, pagar a los psicólogos y tienen una salud mental más saludable que alguien en un contexto de total vulnerabilidad, sin estos recursos”, explica la doctora en demografía de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Jackeline Romio.

Violencia psicológica y patrimonial

En el contexto de la pandemia, se destacaron en el país dos tipos de violencia: psicológica y patrimonial. Datos del Servicio de Información Ciudadana del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos (SIC/MMFDH), obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), muestran que se registraron 54 mil 899 denuncias de violencia psicológica en los primeros seis meses del año y 170 mil infracciones del mismo tipo.

La violencia psicológica también fue la más prevalente en las 390 visitas y alrededor de mil soportes realizados por el Instituto Maria da Penha (IMP) entre marzo y julio. “Ya estaba el ciclo de la violencia habitual, que se vio agravado por un escenario en el que muchos hombres perdieron el trabajo y algunas mujeres no. Empezaron a ser cuestionadas por eso. O empezaron a pasar más tiempo con ellos, volviéndose vulnerables a más momentos de presión y tortura”, explica la cofundadora y vicepresidenta de IMP, Regina Célia.

Los informes de violaciones por violencia psicológica fueron un 77% más altos que los informes de violaciones de violencia física, mientras que los informes de violencia psicológica fueron un 31% más altos que los informes de violencia física. “La violencia psicológica es la más común y, en general, la primera que ocurre. Veo de manera positiva que se esté informando, ya que es una señal de que las mujeres están tratando de salir del ciclo antes de que esta situación se agrave”, explica Ana Paula Portella, investigadora del Centro de Estudios sobre Políticas de Seguridad Pública de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) y consultora.

Sin embargo, predomina la cultura de la falta de denuncia y el sufrimiento en silencio. “La presión es grande. Necesita ser la madre que tiene que hacer todo, que calla, que respeta a su marido. Esto es doloroso, estresante y aumenta la incidencia de enfermedades mentales. Este proceso se internaliza. Es profundo”, dice Amanda Pimentel, investigadora de FBSP.

El otro escenario identificado como creciente en los servicios del IMP fue el de la violencia patrimonial. “Muchos miembros confiscaron sus teléfonos celulares, rompieron sus teléfonos u obligaron a las mujeres a darles sus contraseñas. Mucha gente ni siquiera sabía qué era la violencia patrimonial. Durante la pandemia vivimos y logramos definir este concepto”, agrega Regina Célia. El Ministerio de la Mujer recibió 11 mil 118 denuncias por atentado contra el derecho a la libertad de las mujeres en los primeros seis meses del año, revelan datos obtenidos a través de LAI.

Las mujeres negras son las mayores víctimas del feminicidio

Según el informe de la FBSP, el 68% de las víctimas de feminicidio son mujeres negras, pobres y con baja educación, lo que refleja la violencia que sufre la población negra en todo Brasil. “La agresión doméstica que sufren se da en el contexto del crimen violento del país, lo que hace aún más cruda esta violencia”, dice Ana Paula Portella.

Esto se refleja en los datos. De acuerdo con el Atlas de la Violencia elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea) y el FBSP, considerando las muertes por homicidio, en 10 años (2007-2017) la tasa de mortalidad promedio de ciudadanos negros saltó de 32,4 a 43,1 a cada 100 mil habitantes en Brasil.

Según Jackeline Romio, la violencia que sufren las mujeres negras es elástica. “Esto tiene que ver con la violencia racial, política y de género. La pandemia lo suma todo”. Las vulnerabilidades se acumulan y la falta de educación es solo un problema. La falta de crecimiento social, de saneamiento, electricidad y de posesión de la tierra agravan el escenario.

Amanda Pimentel añade que “sufren en la oscuridad”. Según la investigadora, existe una estigmatización de la posición social de las mujeres y la violencia doméstica, en la que las mujeres negras están en la base de la pirámide social. En su opinión, no “cucharear” (no involucrarse) es conspirar con las agresiones.

“El incremento de casos revelan nuestra visión conformista. La gente piensa que es un problema privado y no lo es. Para los hombres, el espacio público; para las mujeres, la invisibilidad. Hay límites arbitrarios y eso está arraigado en nuestra cultura”.

Contexto social y político contribuye para la vulnerabilidad

Cuatro de cada diez brasileñas dijeron que la pandemia ha dejado el sustento de su casa en riesgo, de acuerdo con la pesquisa de Género y Número. La percepción es más grande entre mujeres negras y con baja escolaridad, que relatan dificultades más grandes para pagar sus cuentas y obtener alimentos. La estadística revela una situación de empobrecimiento, la cual contribuye para que más mujeres sean dependientes económicamente de su agresor. 

En Brasil, las mujeres son mayoría en los puestos de trabajo más afectados por la crisis consecuente de la pandemia. En la última quincena de marzo, primeras semanas de cuarentena, 7 millones de mujeres abandonaran el mercado de trabajo, 2 millones más que los hombres. “Si la situación económica no favorece la autonomía financiera y profesional de las mujeres, ellas tienden a mantenerse en una situación de subordinación mayor a los hombres. Y esos hombres son violentos, ellas quedan más expuestas y con menos posibilidades de enfrentarlos”, explica Ana Paula Portella.

Para la investigadora del Departamento de Estudios sobre Violencia y Salud Jorge Careli (Clave) a FioCruz Vera Marques, la pandemia ha atravesado un contexto de empobrecimiento iniciado en 2014. “La covid-19 profundiza las tensiones cuando impone la necesidad de aislamiento y la consecuente interrupción de las actividades económicas formales o no. Esas  tensiones, sociales e individuales, reflejan en el cuerpo de las mujeres, lugar histórico, por excelencia, del dominio masculino”, afirma. 

El contexto político brasileño también es descrito como agravante para la exposición de las mujeres a la violencia. “A partir de la última campaña a la presidencia de la República, cuando discursos racistas, sexistas y homofóbicos tienen relevante visibilidad, sumados a una disputa política demasiada polarizada, hay un terreno propicio al incremento de la violencia contra las minorías”, explica Vera Marques.

Instituciones débiles y sub-notificaciones

El levantamiento realizado por el FBSP evidencia que hasta mayo el país registró reducción en los registros de varios tipos de violencia contra la mujer. Los 12 estados acompañados por la entidad han notificado menor lesión corporal dolosa entre marzo y mayo de 2020, comparado con 2019. La caída es de 27.2%.

Para el FBSP, las reducciones significan que las mujeres encuentran más dificultades en denunciar las violencias sufridas en la cuarentena. Percepción que comparte la vicepresidenta del  IMP, Regina Célia, que encuentra dos motivos: la insuficiencia por parte de las delegacias para atender servicios de protección, justicia y abrigos; y la incapacidad del poder ejecutivo de proponer políticas públicas y realizar campañas de prevención y orientación a las mujeres.

“La pandemia ha traído una inseguridad muy grande en la prestación del servicio. Las mujeres relataron dificultades en el acceso a las delegacias, dijeron que las llamadas por los números 180 y 190 tenían larga espera para ser atendidas”, cuenta Regina Célia. “Permitió que se mantuviera funcionando apenas una pequeña parte de la red de atención a las mujeres en situación de violencia, aún así en régimen de plantón (guardia de fines de semana o de madrugada)”, dije. Apenas en julio, cuatro meses después de la imposición del aislamiento social, fue aprobada una ley que introduce a la Red de Apoyo contra la Violencia a la mujer en el conjunto de las actividades esenciales. 

La dificultad de acceso presencial a los servicios se expresa en los datos del Ministerio de la Mujer obtenidos por medio de LAI. El órgano registró 57.9 mil denuncias por telefóno, contra 14 presenciales, en los primeros seis  meses de 2020.

A pesar de haber divulgado en mayo que hubo un incremento de 14% en los primeros cuatro meses del año, las denuncias hechas por el “Ligue 180”, Central Oficial de Atendimiento a la Mujer brasileño, el Ministerio se recusó a divulgar los datos actualizados. Por medio de su asesoría de prensa ha afirmado que los datos serían publicados en el comienzo de septiembre; lo que no ocurrió. Por pedido de LAI, se dijo que la compilación de los datos representa una  exigencia de trabajos adicionales para la consolidación de la data.

Aún así, el órgano afirma que los números 100 y 180 recibieron juntos 57 mil 959 denuncias de violencia contra la mujer y violencia doméstica y familiar desde enero hasta junio 2020. La falta de transparencia en los datos es criticada por ONGs de defensa de la mujer. “Después del gobierno de Bolsonaro, no es posible decir que tenemos políticas de prevención de la violencia doméstica globales, que lleguen a todo el país”, cuenta Ana Paula Portella. 

La pandemia ha cruzado aún más la situación anterior de reducción de inversionesen acciones relacionadas a la prevención y enfrentamiento de la violencia contra las mujeres. “Gran parte de las alcaldías brasileñas no tienen una delegacia especializada en la mujer. No ocurre un protagonismo federal en el desarrollo de un plan estratégico nacional de acciones destinadas a la prevención de la violencia y atendimiento”, añade Vera Marques.

Transfeminicidio, otro problema

La pandemia también ha afectado los número de feminicidios entre transexuales, de lo cual Brasil es líder mundial. En el primer semestre de 2020, 89 personas trans fueron asesinadas, representando un incremento de 39% en relación al mismo periodo del año anterior. Entre marzo y abril el incremento fue de 48% en relación a 2019 y 68% en relación a los dos primeros meses de 2020. Todas las víctimas son mujeres trans y travestis. La vida de ellas ha sido afectada por la covid-19, pues la mayoría no tuvo acceso a políticas emergentes del Estado y continuó su trabajo en las calles, exponiendo más al virus.

“Matamos más porque tenemos más trans. Y si matamos es porque esa población es tratada con negligencia. Sufren un crimen más violento, pues carga odio, un requinte más. Siempre es más. Más fuerte, más cuchilladas”, explica Keila Simpson, presidente de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra). “La violencia no termina con el asasinato, después de su muerte ella sigue sufriendo. Hay una segunda muerte. Ellas tienen la identidad negada por familiares que se responsabilizan por su entierro. De cierta manera masculinizan u feminizan esa persona conforme se identificaba antes de su decisión”, explica. 

Para Keila Simpson, una solución de combate al transfeminicidio es criminalizar las infracciones, incluso con la ley para criminalizar la homofobia y la transfobia. Y hacerlos realidad. “El porcentaje es muy bajo para una investigación final, para un juzgamiento. Casi siempre no avanza, no hay investigación. Y, sin embargo, existe una gran posibilidad de que los culpables ni siquiera cumplan sus condenas

¿Qué ha dicho el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos? 

El Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos ha negado las posiciones de los expertos que entrevistamos en ese reportaje, afirmando que “la información presentada anteriormente no corresponde con los hechos de la agenda en defensa de la mujer”. 

El Ministerio ha presentado una serie de iniciativas, proyectos y ha incrementado cuatro veces el presupuesto de la Secretaría Nacional de Políticas para Mujeres: en 2019, 6 millones (USD); en  2020, 24 millones (USD).. 

Sobre la promoción de derechos humanos a la población LGBTQI+, el Ministerio afirmó que ejecuta iniciativas. Con el Pacto Nacional de Enfrentamiento a la Violencia LGTBfobia, el Diagnóstico de la População LGBT en el Sistema Prisional, Empregabilidad LGBT, el Observatorio Nacional de Denuncias de LGTBfobia y la Pesquisa sobre Travestis y Transexuales en Brasil.

Sobre la transparencia en los datos, han dicho que la responsabilidad es de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, como órgano que se relaciona con los estados brasileños en la obtención de esas informaciones. 

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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.

Denuncias

Feminicidios

Brasil: Estaciones de policía especiales y aumento de la violencia doméstica

En el mes de marzo Brasil registró un alza en la violencia contra las mujeres, particularmente en amenazas y femicidios. Sin embargo, los datos disponibles son pocos, dejando un panorama en donde los números pueden ser más altos.

En Brasil los datos están separados. Pocos de los 26 estados, incluido el Distrito Federal, cuentan con el consolidado de datos de marzo sobre violencia de género. En todo el país existen dos canales públicos a los que se puede llamar en caso de violencia: la línea 180 y 190. Otra alternativa es ir a estaciones de policía especiales para atender violencia contra la mujer —que hay en todos los estado del país—. São Paulo es el estado más grande y con el mayor número de estaciones para mujeres víctimas de violencia, llegando a un total de 134 en todo el estado.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer de Brasil, solo por el linea 180 el promedio diario entre los días 1 y 16 de marzo fue de 3045 llamadas y 829 denuncias, ante 3303 llamadas y 978 denuncias que se presentaron en la segunda mitad del mes de marzo (del día 17 al 25 del mes); revelando un incremento del 9% en las llamadas y del 18% en las denuncias. 

Marzo fue un mes violento para las mujeres en Brasil. Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, en el que se analizaron 6 estados a pedido del Banco Mundial, en São Paulo hubo un crecimiento de 44.9% en la violencia contra mujeres entre febrero y marzo de 2020, pasando de 6775 a 9817 denuncias de violencia contra la mujer. Así mismo los femicidios también registraron un alza de 46%, pasando de 13 a 19 feminicidios. Por su parte, en Rio Grande do Norte hubo un incremento del 34% en los casos de lesión dolosa y 54% en amenazas contra mujeres, además del número de estupros que llegaron al doble del mes anterior, con un total de 40 casos. Por su parte, de acuerdo a la Justicia del estado de Río de Janeiro, durante la cuarentena hubo un crecimiento de 50% en violencia doméstica contra mujeres.

En el país donde a cada siete horas una mujer es asesinada, la preocupación por un posible escalamiento en las cifras durante el aislamiento prende las alarmas. Por esa razón un grupo de diputadas federales impulsaron el proyecto de ley nº 1552/20 que busca establecer reglas para la protección a las mujeres que tienen que salir de sus casas durante la calamidad sanitaria por la COVID-19. La medida está planteada para tener vigencias hasta el 31 de diciembre de 2020 o mientras las restricciones de actividades durante en el contexto de la pandemia del COVID-19 lo establezcan.

La iniciativa propone ofrecer protección en lugares de acogida a mujeres, con o sin hijos, que tengan que trabajar y presenten un alto riesgo en sus hogares. La medida de protección está pensada para acoger a las mujeres y sus sistemas familiares por un lapso de 15 días. El sitio debe ser secreto y seguro, pudiendo ser casas de acogida u otro lugar que atienda esas denominaciones como algunos hoteles. También propone ofrecerles transporte a las mujeres de su trabajo hasta los sitios de acogida designados por el gobierno. Toda la coordinación estaría a cargo de las Secretarías de Servicio Sociales de cada municipio y por los órganos responsables de este tipo de violencias. 

Otra iniciativa fue la del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos con el lanzamiento del aplicativo Direitos Humanos BR, para denunciar violencias contra mujeres y niños sin  hacer llamadas. 

El país sigue en cuarentena por determinación de cada estado, con una concentración mayor de los casos de contagiados en el estado de São Paulo, el cual tiene más de la mitad de los casos reportados.