Morir silenciadas: mujeres atravesadas por la violencia en medio de la crisis

Al menos 140 mujeres asesinadas, 57 femicidios tipificados  y más de 19 mil denuncias de violencia contra la mujer es el saldo que deja la cuarentena. Entre la dificultad para acceder a la justicia y un sistema que no responde, organizaciones civiles hacen lo posible para mitigar la violencia de género.

No se había cumplido un mes desde el inicio de la cuarentena cuando, de acuerdo con los registros del Ministerio Público (MP), tres mujeres q’eqchíes fueron asesinadas en Guatemala el mismo día: cinco de abril. Tres femicidios, la misma fecha y el mismo municipio: Senahú, Alta Verapaz. Según el MP, tenían 20, 33 y 73 años. En los registros aparecen como “amas de casa”. Son los únicos datos identificados, no hay información sobre la causa del hecho, la relación con sus agresores, si se conocían o si eran familiares. Aún así, parecen ser la excepción: en la mayoría de casos lo único que aparece en los registros son las edades y el lugar del hecho. Sus nombres, como el de todas las víctimas de femicidio, no son compartidos por las autoridades por considerarlos información sensible. En los medios de comunicación los casos pasaron desapercibidos. En medio de una pandemia, especialmente en las aldeas más pobres del altiplano guatemalteco, las muertes de mujeres suelen quedar en silencio. 

Veinte días después, un caso sí llegó a los medios comunitarios. Fue el de Hilda Chub, de 34, asesinada en el caserío Raxtul Rubetzul, también en Senahú.  El video compartido en Facebook mostraba el cuerpo de la mujer trasladado por los vecinos y al agresor capturado por líderes comunitarios que después lo entregaron a la policía. Se desconoce si Hilda murió por la golpiza que le había propinado su pareja, el pastor evangélico Santiago Sub, o si fue por caer en el precipicio por tratar de huir de él. O si fueron las dos cosas. Cuatro hijos se quedaron sin madre. 

De marzo a junio de 2020, en plena pandemia, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) contabilizó 140 muertes violentas de mujeres asociadas a hechos criminales en investigación en todo el país. De estas, 57 fueron identificadas como femicidios por el Ministerio Público. Es decir, mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Pero, el problema para clasificar los femicidios ha sido un punto ciego en el país, especialmente porque las cifras oficiales rara vez coinciden y las instituciones públicas tienen grandes deficiencias para contabilizar. El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), organización feminista que lleva a cabo sus propios conteos a través de una metodología que combina la información oficial y el monitoreo de medios, contabilizó, desde marzo hasta mayo, 83 femicidios. 

En el caso de la población trans, las cifras son aún más precarias. Debido a que no existe una correcta clasificación acerca de la identidad de género de las víctimas por parte del Ministerio Público, es difícil saber con exactitud cuántas mujeres trans fueron asesinadas en la pandemia. Las instituciones públicas no las nombran. Stacy Velásquez, coordinadora en Guatemala de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (Redlactrans) y Directora Ejecutiva de OTRANS- Reinas de la Noche, aseguró que hasta el 29 de mayo, tres mujeres trans habían sido asesinadas. La primera en época de confinamiento fue Stephanie Cardona Matías, quien murió a cuchilladas en marzo. En junio, la página de Facebook de la organización agregaba dos esquelas más. 

En el inicio de la cuarentena Lucrecia de Cáceres, del Ministerio Público, y Dorotea Gómez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, habían expresado su preocupación por las bajas de las denuncias que recibieron comparado con los meses previos al confinamiento. Esto lejos de ser un alivio, evidenciaba que las mujeres podrían estar más en peligro pues las convivencia con el agresor les dificultaba denunciar y pedir ayuda. Mientras los meses pasaban, las medidas se fueron relajando y las cifras empezaron a subir de a poco. De marzo a junio, el MP recibió 19099 denuncias de violencia contra la mujer.

Ante la alerta de diversas organizaciones, el Observatorio de la Mujer del MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y organizaciones civiles pusieron en marcha campañas de denuncia. El siete de abril, la línea 1572 del Ministerio Público dejó de convertirse en una línea de asistencia y reporte de mujeres desaparecidas, y pasó a ser también una instancia para recibir denuncias formales. De marzo a junio, la línea recibió alrededor de 800 llamadas relacionadas con violencia contra la mujer. Entre ellas llamadas de emergencia, denuncias y asesorías.

Se activaron también 403 alertas Isabel-Claudina para reportar a mujeres desaparecidas en el mismo periodo de tiempo. Una de ellas fue la de “La china”, la primera alerta activada para una mujer trans en la historia de Centroamérica. 

Edda Robles, analista encargada de la Unidad de Enlace Mujer del Ministerio Público aseguró que desde la institución “se ha trabajado fuerte para brindar asistencia a las mujeres en época de confinamiento”. Indicó que, además de las líneas, han formulado campañas para que las mujeres puedan bajar la aplicación del botón de pánico. Según la información oficial, del 17 de marzo al 27 de agosto, la aplicación fue descargada 335 veces y 10 mujeres solicitaron auxilio a través de ellas. Sin embargo, según el Censo 2018, solo el 17% de la población en Guatemala tiene servicio de internet. 

A pesar de los esfuerzos señalados por las autoridades del MP, Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer en la PDH, denunció que en mayo, cuando trató de verificar la atención en la línea oficial, nadie contestó. Intentó más de veinte veces en dos días, pero tampoco recibió respuesta. Dorotea afirmó que a partir de las recomendaciones que emitieron a raíz de los hallazgos, notó un leve cambio en la línea de atención, pero, el problema es más profundo: el sistema de justicia es uno de los más ineficientes de América Latina y del mundo. De acuerdo con World Justice Project, Guatemala ocupa el lugar 118 de 128 en el ranking de efectividad del sistema de justicia criminal en el mundo. 

La Defensora de la Mujer en la PDH aseguró: “Lo que nos preocupa es que reciben las denuncias pero hay una debilidad en fortalecer el proceso de investigación y en entregar los expedientes a los juzgados correspondientes. En cadena también hemos identificado como debilidad institucional el hecho de que no todos los juzgados están funcionando. Por ejemplo, salió una noticia en el periódico de que algunos jueces están diciendo que la mora judicial se puede profundizar al punto de que hay algunas audiencias que estaban programadas para este año que, por el recargo de trabajo, puede ser que se realicen en 2024”.

Giovanna Lemus, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, coincide en que los esfuerzos no logran contener la necesidad de las mujeres, que no se hace lo suficiente y el sistema está fallando en darle seguimiento a las denuncias, sobre todo, en las áreas menos urbanizadas: “Recibir la denuncia no es actuar, no están actuando de manera conjunta con todas las acciones para tener medidas de protección.  En los territorios del interior,  tenemos información que ha sido difícil porque quien debería actuar es la Policía Nacional Civil, pero está sobrecargada por la pandemia. En algunos territorios ni les hacen caso, hay situaciones complicadas. En la ciudad al principio sí estaban atendiendo, cuesta un poco que respondan. Así que no hay respuesta consciente ni eficaz de que respondan. Las organizaciones hemos estado acompañando, accionando, con las mujeres que denuncian directamente con nosotras”. 

Fabiola Ortíz, del GGM, señala que una de las principales deficiencias de las líneas del Ministerio Público es que no existe una línea especializada para mujeres que hable alguno de los 22 idiomas mayas. Edda Robles, por su parte, asegura que la línea cuenta con una persona habla k’iché; en el caso de los otros veintiún idiomas mayas, el xinca y el garífuna, afirma que se coordina con un intérprete a nivel nacional para hacer una llamada tripartita entre la víctima, el personal del MP y el intérprete. La eficacia de esas llamadas es casi imposible de comprobar. 

Ante las evidentes falencias que tienen las instituciones públicas para atender la violencia de género, diversas agrupaciones como OTRANS, el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), Mujeres Transformando al Mundo y Fundación Sobrevivientes, han implementado mecanismos para auxiliar a mujeres que han sufrido violencia durante la pandemia. 

Desde GGM, en conjunto con redes y organizaciones de derechos humanos, lanzaron campañas para que las mujeres puedan tener otras líneas a dónde llamar en caso de ser violentadas, o para brindarles asesoría y apoyo legal. De esta manera, se logró descentralizar las llamadas del MP. “En este momento, tenemos un modelo de atención de apoyo telefónico. Eso concentra todas las áreas, y si las mujeres necesitan asesoría legal, atención médica o albergue temporal, se coordina a través de otras organizaciones”, explica Fabiola Ortíz. Además agrega que no solamente están atendiendo llamados por violencia, sino que también hay muchos procesos anteriores a la pandemia que han quedado estancados. Muchas mujeres están preocupadas de que su agresor regrese. 

Además, existen varios centros de apoyo integral, que funcionan como albergues para mujeres en situación de emergencia. “Lo que está pasando mucho es que llaman terceras personas, están hablando por las mujeres, pero nosotras tenemos que acompañar a las mujeres mismas porque son sus decisiones. Tienen que tomar decisiones informadas y no por terceras porque a veces dicen que ella necesita albergue pero no sabemos cual es la situación de la mujer”. sostiene Ortíz.

Desde Otrans, Stacy Velásquez asegura que también se han creado estrategias para paliar las violencias hacia las mujeres trans. A través de una estrategia llamada COVIDA, han logrado dar asesoría en materia de salud y derechos humanos, atención médica y asistencia para quienes hayan vivido algún tipo de violencia o estén en situación precaria.

Mientras la violencia de género sigue arrebatando vidas en Guatemala, activistas y colectivos feministas trabajan por estrategias que permitan defender la vida de las mujeres, que permita nombrarlas y saber sus nombres; exigen que el Estado fortalezca las medidas de atención a las víctimas. Que las instituciones contesten cuando hay emergencia. El camino, aunque está empezado, aún parece largo.

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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.

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Encerradas y en silencio: denunciar durante la cuarentena en Guatemala

En un país con altos índices de violencia de género e impunidad, durante la cuarentena obligatoria las denuncias bajaron. Según expertas y expertos, las mujeres están en más riesgo que antes: el confinamiento complica la denuncia.

El primer caso de COVID-19 en Guatemala se reportó el viernes 13 de marzo; y tres días después, el presidente Alejandro Giammattei impulsó medidas de contención. Dentro de esas estaba el cierre inmediato de las fronteras del país; la cancelación de escuelas, universidades y otras actividades educativas; y el cese de trabajos no esenciales, actividades religiosas y transporte público. Una semana después, el 21 de marzo,  se impuso un toque de queda de 12 horas, en el cual quedó prohibida la circulación de vehículos y personas de 16:00 a 4:00 horas. Desde entonces, se han ido modificando estas medidas —a veces para fortalecerse, a veces para aflojarse— pero el resultado, para las mujeres guatemaltecas, sigue siendo el mismo: se ven obligadas a pasar mucho más tiempo en casa con posibles agresores y sin acceso a las vías necesarias para solicitar ayuda.

Los delitos en contra de las mujeres y niñas son de los más denunciados en el Sistema de Justicia de Guatemala. Desde el comienzo de la cuarentena, se podía predecir que las cifras de violencia intrafamiliar iban a aumentar alrededor del mundo, ya que las familias tenían que convivir mucho más tiempo juntas, con el estrés agregado de la crisis sanitaria y económica mundial. En Guatemala, el domingo 12 de abril, el presidente dijo en cadena nacional que los índices de violencia intrafamiliar habían aumentado durante la cuarentena y exhortó a las mujeres a denunciar a través de la línea oficial: 1572. 

Sin embargo, unos días después, la Secretaria de la Mujer del Ministerio Público, Lucrecia de Cáceres, ofreció datos que señalaban un comportamiento totalmente opuesto. Según ella, las denuncias habían bajado en un 75% para finales de marzo de este año y no habían comenzado a subir hasta principios de abril. Pero aún así, explicó su preocupación ante la reducción de denuncias, ya que según ella, “no es posible que baje tan drásticamente y que no exista la violencia. Al contrario, es el silencio de muchas mujeres en sus hogares que se deriva, probablemente, de la falta de transporte, el toque de queda y otras medidas que por seguridad y salud son necesarias en el país”. Por eso, concluyó que su llamado era el mismo que el del presidente unos días antes: exhortar a las mujeres a denunciar la violencia que sufren. 

Asimismo, Dorotea Gómez, defensora de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, enfatizó en que las medidas de contención de la COVID-19 han complicado las vías de denuncia para las víctimas de violencia doméstica. Desde PDH, Gómez ha acompañado a mujeres que no han podido denunciar porque no hablan español como lengua materna, no pueden llamar a los números de emergencia, no tienen transporte o les da miedo hacerlo con el agresor en casa. Y finalmente, en Guatemala, un país donde muchos crímenes quedan impunes, si las mujeres no conocen o no confían en que el Estado las protegerá cuando denuncian es muy difícil convencerlas a que lo hagan.