Sin medidas contra el COVID-19 ni contra la violencia de género

El caso de Nicaragua es particular, porque el Gobierno aún no ha adoptado ninguna restricción a la movilidad ni medidas de distanciamiento social, como han hecho casi todos los países de Latinoamérica. Hasta la fecha, después de más de un mes de haberse anunciado el primer contagio, las escuelas, universidades públicas e instituciones estatales siguen abiertas y trabajando normalmente, aunque diversos sectores privados y de la sociedad civil han hecho al llamado a la auto-cuarentena. Por lo tanto, las autoridades no han anunciado ninguna estrategia para atender un posible aumento de agresiones por razones de género en el contexto de la pandemia de la COVID-19, pese a que en los últimos meses se han puesto nuevamente en funcionamiento al menos nueve Comisarías de la Mujer de la Policía en Managua, las mismas que habían dejado de funcionar hace 5 años. 

En Nicaragua no hay líneas estatales específicas para atender situaciones de violencia de género. Si bien el Ministerio de la Familia tiene habilitada la línea 133, que hace algunos años se promocionaba como una línea para atender este tipo de casos, en la práctica, esta línea solamente atiende denuncias de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para denunciar violencia de género, las llamadas deben hacerse directamente al número de la Policía que es el 118, y la cantidad de llamadas no se reporta. De hecho, los únicos datos que la Policía publica se dan de forma anual. En 2019, la Policía recibió 18,980 denuncias por violencia intrafamiliar y sexual, según su Anuario Estadístico. Por otro lado, el Poder Judicial de Nicaragua tampoco publica sus datos con frecuencia, al grado que todavía no ha publicado la cantidad de procesos judiciales atendidos relacionados con violencia de género del año 2019. 

Pero aún teniendo acceso a los datos oficiales, estos no reflejarían la compleja situación de violencia que viven las mujeres en Nicaragua, coinciden miembros de organizaciones de mujeres. El proceso de denuncia legal es revictimizante y los niveles de impunidad para los agresores son altos, por lo que muy pocas mujeres hacen uso de la vía legal. Sumado a eso, está la desconfianza de la población en los cuerpos policial y judicial que contribuyeron en la comisión de crímenes de lesa humanidad desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Evelyn Flores, miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), asegura que las mujeres víctimas de violencia prefieren acudir a mujeres cercanas, organizaciones comunitarias o grupos territoriales. Son estos grupos los que han estado dando acompañamiento cercano a las mujeres, y desde hace poco la RMCV activó una línea de atención, pero esta aún no funciona de forma pública.