Entre múltiples crisis, se asienta la violencia de género

Entre marzo y junio de 2020, mientras en Nicaragua no había restricciones por la pandemia, hubo 17 femicidios. En un país en que la mayoría de denuncias por violencia de género se resuelven por mediación, las organizaciones de mujeres son claves para aquellas en situación de riesgo.  

En los seis meses posteriores al primer contagio reportado de covid-19 en Nicaragua (18 de marzo), el país continuó siendo el único en América Latina que no aplicó ninguna restricción a la movilidad como medida para contener el virus. Las autoridades se negaron a enfrentar la pandemia como una emergencia nacional; tampoco se implementaron planes específicos para contrarrestar la violencia hacia la mujer.

Entre marzo y junio de 2020, mientras toda la región se encontraba en cuarentena, 17 mujeres fueron víctimas de femicidios en Nicaragua, según una verificación de datos propia a partir de cifras recopiladas el Observatorio Voces. Esta cifra, sin embargo, difiere de los datos publicados por la Policía Nacional para un periodo más amplio: según la institución, que no respondió a una solicitud de información realizada por Distintas Latitudes, entre febrero y agosto de este año solamente se habían reportado 11 femicidios.

Para hacer un contraste: en 2019 el Observatorio Voces reportó 63 femicidios, mientras la Policía reportó 12 casos.

La diferencia radica en que la Policía y las instituciones nicaragüenses solamente consideran femicidios a los cometidos por las parejas y exparejas de las víctimas, tipificando como homicidio o asesinato los crímenes que cometieron conocidos o desconocidos en el ámbito público. La muerte de una niña de once años, violada y asesinada por dos cirqueros, no cuenta como un femicidio; tampoco la muerte de una joven de 19 años, lanzada a un pozo tras resistirse a una agresión sexual.

Para Nancy Mora, feminista miembra de la Red de Mujeres del Norte Analucila, el interés de las autoridades al hacer esta diferenciación es ocultar el grave problema de violencia contra las mujeres que se vive en el país. “Ponen las estadísticas a conveniencia, quieren parecer a nivel internacional como un país que está bien, que aquí hay igualdad y que no hay tanta violencia, es una falta de reconocimiento de una problemática que nos afecta a todos y a todas”, advierte.

Pero el aumento de las situaciones de violencia en los meses de mayor incidencia de la pandemia no solamente se evidencia en los femicidios. Aunque no se logró acceder a cifras oficiales de denuncias atendidas por las Comisarías de la Mujer —28 de ellas reabiertas en lo que va del año—, la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), reportó un 30% de aumento en las atenciones en sus 29 centros de mujeres distribuidos en todo el país, incluidos 4 albergues para mujeres en situaciones de riesgo.

Marycé Mejía, enlace de la RMCV, cuenta que a partir de la amplia demanda en los centros de mujeres durante los meses de auto-cuarentena, y ante la imposibilidad de atender todos los casos de forma presencial, en junio se abrió una línea de atención telefónica para apoyar a mujeres con acompañamiento emocional y con asesoramiento legal. 

El medio feminista Media Cuartilla encontró que además de la línea de atención de la RMCV, desde mediados de año, también brindan atención telefónica a mujeres la Red de Mujeres del Norte Analucila, sobre todo a mujeres de tres departamentos del norte del país, y la Universidad Evangélica Nicaragüense, con énfasis en la población capitalina, ambas gestionadas por voluntarias y voluntarios, por lo que tienen algunas limitaciones de horarios.

Según Nancy Mora, la Red de Mujeres del Norte recibe llamadas de mujeres que han vivido violencia sexual, física y psicológica, y a nivel legal últimamente han recibido muchas llamadas sobre la ruta para denunciar incumplimiento de deberes alimenticios. Hasta la fecha han atendido más de 400 casos.

En Nicaragua no hay una línea estatal para atender situaciones específicas de violencia contra la mujer, como sí existe en diferentes países de América Latina, sino que es la línea 118 de la Policía Nacional la que recepciona estos casos, junto con todas las demás denuncias de actividad delictiva, por lo que no hay atención con enfoque de género ni de apoyo psicológico. 

Marycé Mejía relata que a la RMCV las mujeres llaman “desesperadas” porque las autoridades muchas veces ni siquiera les toman la denuncia: “las están mandando a mediar, las están mandando a las Consejerías Familiares en las comunidades, que son las mismas estructuras del Gobierno que no están preparadas y que no tienen conocimiento sobre el tema, porque más bien culpabilizan a las mujeres y las mandan a perdonar a su agresor, que a lo mejor les ha hecho hasta amenaza de muerte”.

Las cifras oficiales confirman la versión de Mejía. Según los datos publicados por la Policía Nacional, entre febrero y agosto de este año las Comisarías de la Mujer remitieron al Ministerio Público y al Poder Judicial 7,900 expedientes con denuncias por delitos y faltas penales contra las mujeres. El 80% de esos casos (6,320), según las autoridades, fueron resueltos por mediación, y solo el 14% de los denunciados (1,100) enfrentaron procesos por delitos como violaciones, abuso sexual, estupro, lesiones graves y femicidios. 

Por otro lado, en lo que va del año y en el contexto de la pandemia, el Ministerio de Gobernación ha dejado en libertad a unos 8 mil reos comunes, entre los cuales las organizaciones de mujeres han identificado al menos a 500 que habían sido condenados por violaciones sexuales, abusos sexuales, proxenetismo, explotación sexual y femicidio.

“Estamos preocupadas porque estos hombres están llegando a las comunidades, además de que las víctimas se sienten en riesgo, las propias defensoras también, porque ellas son las que han acompañado a estas víctimas”, señala Nancy Mora, también integrante del Grupo Venancia.

Las defensoras consultadas coincidieron en que tanto las liberaciones de agresores de mujeres como el bajo índice de judicialización en casos de violencia contra la mujer, configuran un mensaje de impunidad para los criminales y desmotivan a las mujeres a acudir a las autoridades en busca de protección y justicia.

En contraste, la Policía y el Poder Judicial persiguen constantemente a ciudadanos opositores, y desde 2018 han detenido y procesado a cientos por motivos políticos. La crisis de derechos humanos, la crisis económica y la crisis sanitaria han agravado la situación de las mujeres y niñas nicaragüenses, pero al mismo tiempo las autoridades se han negado a atender la problemática de manera oportuna.

“En Nicaragua hay un conflicto social de raíces profundas, de daños profundos: emocionales, económicos, de todo, donde las niñas y las mujeres son las que están pagando con su cuerpo y su sangre”, reflexiona Marycé Mejía.

Feminicidios

Sin medidas contra el COVID-19 ni contra la violencia de género

El Gobierno aún no ha adoptado ninguna medida de distanciamiento social y las cifras oficiales, las más bajas de la región, son cuestionadas por especialistas. 

El caso de Nicaragua es particular, porque el Gobierno aún no ha adoptado ninguna restricción a la movilidad ni medidas de distanciamiento social, como han hecho casi todos los países de Latinoamérica. Hasta la fecha, después de más de un mes de haberse anunciado el primer contagio, las escuelas, universidades públicas e instituciones estatales siguen abiertas y trabajando normalmente, aunque diversos sectores privados y de la sociedad civil han hecho al llamado a la auto-cuarentena. Por lo tanto, las autoridades no han anunciado ninguna estrategia para atender un posible aumento de agresiones por razones de género en el contexto de la pandemia de la COVID-19, pese a que en los últimos meses se han puesto nuevamente en funcionamiento al menos nueve Comisarías de la Mujer de la Policía en Managua, las mismas que habían dejado de funcionar hace 5 años. 

En Nicaragua no hay líneas estatales específicas para atender situaciones de violencia de género. Si bien el Ministerio de la Familia tiene habilitada la línea 133, que hace algunos años se promocionaba como una línea para atender este tipo de casos, en la práctica, esta línea solamente atiende denuncias de violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para denunciar violencia de género, las llamadas deben hacerse directamente al número de la Policía que es el 118, y la cantidad de llamadas no se reporta. De hecho, los únicos datos que la Policía publica se dan de forma anual. En 2019, la Policía recibió 18,980 denuncias por violencia intrafamiliar y sexual, según su Anuario Estadístico. Por otro lado, el Poder Judicial de Nicaragua tampoco publica sus datos con frecuencia, al grado que todavía no ha publicado la cantidad de procesos judiciales atendidos relacionados con violencia de género del año 2019. 

Pero aún teniendo acceso a los datos oficiales, estos no reflejarían la compleja situación de violencia que viven las mujeres en Nicaragua, coinciden miembros de organizaciones de mujeres. El proceso de denuncia legal es revictimizante y los niveles de impunidad para los agresores son altos, por lo que muy pocas mujeres hacen uso de la vía legal. Sumado a eso, está la desconfianza de la población en los cuerpos policial y judicial que contribuyeron en la comisión de crímenes de lesa humanidad desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Evelyn Flores, miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia (RMCV), asegura que las mujeres víctimas de violencia prefieren acudir a mujeres cercanas, organizaciones comunitarias o grupos territoriales. Son estos grupos los que han estado dando acompañamiento cercano a las mujeres, y desde hace poco la RMCV activó una línea de atención, pero esta aún no funciona de forma pública.