Puerto Rico: la Matria no se pone en cuarentena

La convivencia con potenciales agresores y, en última instancia, feminicidas, se hacen permanentes y tienden a normalizarse, todo esto aunque  las distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil en Puerto Rico activan protocolos de atención a mujeres en situación de violencia. 

No sabemos cuánto tiempo Penélope había pasado en prisión al momento de su muerte. No sabemos cuánto tiempo llevaba conviviendo con su agresor. Sabemos, sí, que la suya fue una muerte violenta en un contexto de doble confinamiento debido a la pandemia de covid-19 y a su propio estado de reclusión. Antes que ella, durante el primer mes exacto de cuarentena o toque de queda en Puerto Rico, iniciado el 15 de marzo, Rosa, Yolanda y Ashley, en ese orden, también fueron asesinadas por ser mujeres. La situación de cárcel de una y el confinamiento de las otras, las igualaron en su vulnerabilidad ante los feminicidas. 

Junto a estos cinco nombres hay que escribir además, este año, los de Yampi, Serena, Layla, Alexa. A esta última la policía la presentó como “un hombre con falda”, pero se transformó en icono internacional una vez que el reguetonero boricua Bad Bunny le hizo un homenaje: apareció el pasado mes de febrero con saya (un tipo de falda) en la presentación de su disco y declaró: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. 

En 2020, seis de las diez muertes de personas trans y no cisgénero que reporta Estados Unidos han ocurrido en Puerto Rico. Neulisa Luciano Ruiz (Alexa) y Yampi Méndez Arocho fueron asesinadas en la isla a principios de año. La semana previa al transfeminicidio de Penélope, otras dos personas transgénero fueron encontradas muertas: Serena Angelique Velázquez Ramos y Layla Pelaez Sánchez. Y este 30 de septiembre la policía identificó el cuerpo de Michelle “Michellyn” Ramos Vargas.

Se cree que Penélope Díaz Ramírez, la mujer transgénero de 38 años, según una imagen de su ficha policial, fue la novena persona transgénero o no cisgénero asesinada violentamente este año en el territorio de EE. UU., incluyendo al “Estado Libre Asociado”. 

Mientras se escribe este texto, otras mujeres corren el riesgo de ser asesinadas por sus parejas o exparejas aunque en Puerto Rico exista una Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54. Algunas de esas mujeres conviven con sus agresores y no pocas han tenido que marcharse a un refugio. 

Tras la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, para establecer la cuarentena y toque de queda el 15 de marzo, varias organizaciones alertaron sobre el posible aumento de casos de violencia. Solo un día después, el 16, los medios dieron la noticia del feminicidio de Rosa Castillo, de 50 años.

En ese momento hubo mucha incertidumbre: “Muchas mujeres pensaron que no estábamos prestando servicios porque la orden de cierre total no fue precisa en ese sentido”, dice Amárilis Pagán, quien encabeza el Proyecto Matria, dedicado a trabajar para “adelantar el desarrollo económico de las mujeres de Puerto Rico”.

“Cuando la gobernadora decretó el estado de cuarentena absoluta, en el país se creó la impresión de que las organizaciones habían dejado de trabajar. Fue terrible porque al decretar el lock down ella no hizo ningún tipo de expresión sobre lo que iba a pasar con la violencia de género y las mujeres creyeron que no había nada que hacer, salvo quedarse en sus casas con sus opresores y sus situaciones particulares”, enfatiza.

Con la percepción de las mujeres de que estas organizaciones no estaban prestando servicio, “hubo de momento una bajada rápida de las llamadas (para denuncias) a las organizaciones y a la policía”, precisa esta líder. Además, según la presidenta de la Red de Albergues para Víctimas de Violencia Doméstica, Vilmarie Rivera, disminuyeron las llamadas (en las líneas de los albergues) porque “hay que entender que en un contexto de aislamiento, la víctima está con su parte agresora y por eso no es fácil acceder al teléfono o buscar ayuda. Esto mismo lo vimos y ocurrió con el huracán María en 2017”.

Como respuesta inmediata, cuenta Amárilis Pagán, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al acompañamiento a víctimas de violencia invirtieron en tecnología para poder atender. Recuerda que aun cuando el sentido de su trabajo es ofrecer ayuda, pero no imponerse ante las víctimas y sus familias, se vieron en la necesidad de informar que Proyecto Matria y sus similares se mantenían funcionando. “Tuvimos que decir que seguíamos trabajando por internet porque las mujeres no lo tenían claro”.

Sin embargo, señala que “el 60% de las mujeres cabeza de hogar viven en Puerto Rico bajo el umbral de la pobreza. Cuando vives bajo nivel de pobreza no tienes acceso a tecnología, quizás tienes un teléfono, pero no necesariamente te conectas a una videollamada, no necesariamente tienes destreza para conectarte a determinadas plataformas”. 

Las organizaciones feministas entendieron entonces que algunas mujeres en situación de violencia tenían que ser atendidas por llamadas o por visitas a pesar de la cuarentena. “Estábamos exentas del lock down porque entendimos que nuestros servicios son de primera necesidad, pero eso no quedó claro en la orden ejecutiva y las organizaciones tuvimos que manejar la ansiedad de que a las trabajadoras les detuviera la policía por estar en la calle, aun cuando el objetivo era prestar un servicio”. 

Por otro lado, al recibir numerosas quejas de que en la línea nacional muchas veces no contestaban, en particular en las noches, gestionaron “una segunda línea de ayuda 24/7 creada y manejada totalmente por organizaciones de base comunitaria que brindan servicios a mujeres sobrevivientes de violencia de género incluyendo cuatro albergues”, confirmó el Observatorio de Equidad de Género (OEG). 

Se trata de la Línea de ayuda —CBOs/NGOs #EstamosParaTi (787-4890022)— que comenzó a funcionar el 23 de abril de 2020 en paralelo a la línea nacional de la Procuradora de las Mujeres (OPM), esta última con un acumulado de 2162 llamadas entre enero y junio: 222, 187, 485, 475, 483 y 310 cada mes, en ese orden. La cantidad total de servicios prestados en el primer semestre del año es de 4461. El 31 de marzo, tras el feminicidio de Ashley Rodríguez, la procuradora interina Madeline Bermúdez, aseguró a la prensa que hubo un incremento en las llamadas recibidas. Pero los datos se hicieron públicos recientemente, a pesar de los pedidos constantes que venía haciendo el OEG para monitorear la violencia durante la cuarentena.

En ese contexto, la presidenta de la Red de Albergues indicó: “Tenemos que unirnos y facilitarles ayuda a las víctimas”. Amárilis Pagán lo detalla: “Seis organizaciones nos unimos para crear una línea de ayuda y lo anunciamos por los medios para que las mujeres supieran que había un número al cual llamar para pedir ayuda”. 

Desde abril están atendiendo por esa línea, a la cual responden las colectivas Proyecto Matria, Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Hogar Ruth, Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas. 

No se obtuvieron los datos de la última semana de abril, la primera de funcionamiento de la línea, pero entre mayo y junio recibieron 835 llamadas: 505 en el primer mes y 330 en el segundo, de acuerdo con información aportada por el OEG. 

Más allá de la situación colonial que le imprime peculiaridades a Puerto Rico en el contexto latinoamericano, también en el país las mujeres suelen ser las más afectadas por la violencia de género, categorizada sobre todo como violencia doméstica o sexual. Niñas, niños y personas de las comunidades LGBTQI+ al igual la han padecido, y luchan por sobrevivir en casa con sus agresores, en particular durante períodos de aislamiento social. 

Incluidos los cuatro feminicidios y el transfeminicidio ocurridos entre el 15 de marzo y el 15 de abril, en lo que va de año se reportan al menos 33 feminicidios. El OEG amplía la cifra hasta 37. De ellos once fueron clasificados como íntimos, es decir, por violencia doméstica o por un conocido con quien había relación íntima. De otros 10, indirectos, dos corresponden a menores de edad, incluyendo a una pequeña de ocho años. Asimismo, han sido reportadas desaparecidas 53 mujeres y niñas en 2020, si bien un informe del Observatorio del día 4 de octubre indica que en ese momento había cinco mujeres y siete niñas desaparecidas, para un total de 12. 

Proyecto Matria y Kilómetro Cero, autores de la investigación: “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014–2018”, revisaron la manera en que el gobierno, a través de la Policía de Puerto Rico y otras entidades, registra y documenta la situación de los feminicidios y las denuncias de violencia de género. La tendencia a subreportar fue develada y analizada en este informe.  

Actualmente, en muchos de los casos, incluido el de Penélope, se desconoce el estado actual de la causa. “Solamente sabemos que se emitió una resolución, aparentemente durante el mes de julio, pero no la hemos conseguido para revisar el contenido y ver qué pasó con el caso. El proceso de cierre ha provocado un atascamiento de casos en los Tribunales de Puerto Rico y no se están viendo los casos”, expone la líder del Proyecto Matria y del Comité Amplio de Búsqueda de Equidad (CABE).

Indica además que hasta con personas LGBTI+ se evidenció la falta de actitud sensible por parte de la policía ante los casos de violencia: “Se agravó por la pandemia. Nos encontramos con cuarteles cerrados por brotes del virus y teníamos localidades sin policía para atender, y había que esperar que vinieran policías de otros cuarteles”.

Otro de los problemas en torno al tratamiento de casos de violencia de género que ella percibe es la falta de apoyo del gobierno: “Las organizaciones pidieron apoyo a la gobernadora para tener espacio de cuarentena en los albergues, por lo que hubo además que rediseñar los presupuestos con el objetivo de comprar también implementos de protección como mascarillas y gel”. Pero “el gobierno no se pronunció ni facilitó que se crearan protocolos para atender la violencia de género en albergues o, en general, en otros espacios, frente a la nueva realidad de la covid-19”.

Tuvo que lidiar también con que “los albergues, aunque hay varios tipos, tienen un plazo de permanencia de tres meses y desde ahí se hacen coordinaciones de vivienda transitoria, cambio de escuela de los niños, de servicios de salud, y con la cuarentena todo estaba detenido”. Qué pasa con esas madres, sus hijos menores de edad y, en general, con todas esas mujeres cuyo regreso a “casa” implicaría peligro para sus vidas.  

Para personas presas o en procesos penales, menos mencionadas cuando se habla de violencia de género, la pandemia ha traído problemas adicionales. Las cárceles están segregadas por sexo biológico y, por si fuera poco, la pausa que impone una cuarentena al sistema judicial demora las sentencias y vulnera el derecho constitucional a juicio rápido.

A las que están sumariadas —encerradas porque no han pagado su fianza—, se les alarga en ese limbo el acceso a servicios de salud (el de hormonarse, por ejemplo) que sí se favorece cuando se trata de internas en cárceles o que bien se autogestiona en condición de libertad. 

Así, la covid-19 afecta de manera particular a la población penal y a quienes, por motivos de género y de una institucionalidad heteronormativa y cis, terminan siendo víctimas de violencia por hallarse en el lugar que los patrones patriarcales les asignan. Esto se agrava en pandemia, cuando no se admiten visitas ni salidas “de pase”. La convivencia con potenciales agresores y, en última instancia, feminicidas, se hacen permanentes y tienden a normalizarse, todo esto aunque  las distintas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil activan protocolos de atención a mujeres en situación de violencia. 

El pasad lunes 26 de octubre de 2020 parece ser una fecha recordable en Puerto Rico porque la Gobernadora Wanda Vázquez admitió que “los terremotos y la pandemia retrasaron un poco los procesos”, pero —dijo— no dejaron de trabajar en un plan abarcador por el bien de todas las víctimas en Puerto Rico: “Hoy presenté la Orden Ejecutiva (OE) 2020-078 que acompaña el Protocolo de Acción para Combatir la Violencia Hacia las Mujeres en Puerto Rico y la creación de la Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer”, tuiteó ese día la Gobernadora e indicó que participaron organizaciones de la sociedad civil.

En un hilo amplió que en el Protocolo se detallan estrategias y objetivos de implementación que serán dirigidas por una Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer (COMUVI), así como precisó que “también se ordena a @Justicia_PR, en colaboración con el @PRPDNoticias, trabajar en la creación de un “Protocolo de Investigación en los casos de la muerte violenta de mujeres por razón de género”, como parte de la implementación de la Ley 83 de 2020, que dispone la creación de una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, en el Negociado de la Policía.

“La OE declara como servicios de prioridad la atención de los casos de violencia a la mujer y ordena la creación de campañas de prevención y educación a la comunidad sobre los accesos a servicios para mujeres”, se lee además en el hilo optimista, aunque la cobertura de una parte de la prensa fue pesimista al enfocarse en que no se logró un estado de emergencia en el país ante la escalada en la violencia de género.

No obstante, la mandataria empleó palabras clave: “Las víctimas no son números, no son estadísticas. Son madres, hermanas, hijas que, en ocasiones, por la diferencia, por la cotidianidad del sistema o por desconocimiento caen presas de los malos tratos”.

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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.

Denuncias

Feminicidios

Una lucha por contar y visibilizar en tiempos de COVID-19

En tiempos de COVID-19, la violencia de género continúa rampante en Puerto Rico, aunque casi sin ser nombrada oficialmente. Mientras las campañas y líneas de ayuda son la primera respuesta, las autoridades parecen ajenas.

Al igual que muchos países, Puerto Rico no está exento de la violencia de género que existe en Latinoamérica. En tiempos de pandemia, las medidas de aislamiento social, toque de queda y cuarentena tampoco frenan esta marejada de violencia.

Y es que, en Puerto Rico, las mujeres son las principales afectadas por la violencia de género, categorizada principalmente como violencia doméstica o sexual. Aunque también niñas, niños y personas de las comunidades LGBTQI+ sufren y luchan por sobrevivir en casa con sus agresores durante los tiempos de aislamiento social.

Cabe reconocer que en Puerto Rico las manifestaciones de violencia son atendidas por varias leyes que pueden aplicar según el tipo de violencia cometida, la edad de las víctimas y otras consideraciones. No obstante, en la Isla muchos de los incidentes de violencia de género corresponden a casos relacionados a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54.

Asimismo, tras la investigación realizada por el Proyecto Matria y Kilómetro Cero: “La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014 – 2018”, un aspecto a destacar es cómo el Gobierno, a través de la Policía de Puerto Rico y otras entidades, registra y documenta la situación de los feminicidios y las denuncias de violencia de género.  

Ahora bien, tras una orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, la cuarentena y toque de queda comenzaron el 15 de marzo. Ante este escenario, varias organizaciones alertaron sobre el posible aumento de casos de violencia.

Según la presidenta de la Red de Albergues para Víctimas de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Vilmarie Rivera, disminuyeron las llamadas (en las líneas de los albergues) porque “hay que entender que en un contexto de aislamiento la víctima está con su parte agresora y por eso no es fácil acceder al teléfono o buscar ayuda. Esto mismo lo vimos y ocurrió con el huracán María en 2017”.

No obstante, el panorama de las llamadas de orientación en la línea nacional manejada por la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) no coincide. Dado que, tras el segundo femicidio después de la cuarentena,  la procuradora interina, Madeline Bermúdez, aseguró a la prensa que hubo un incremento en las llamadas recibidas. 

Ante la incertidumbre y los datos poco precisos, muchas organizaciones han implementado campañas y líneas de orientación para las víctimas de violencia. La presidenta de la Red de Albergues indicó: “Estos esfuerzos se convierten en una nueva problemática… tenemos que unirnos y facilitarle ayuda a las víctimas”.