Más llamadas, menos atención

Uruguay fue uno de los países que no adoptó el confinamiento obligatorio como una de las medidas de contención del coronavirus. Sin embargo, durante los primeros meses de la pandemia las llamadas  a la línea 0800 4141 se dispararon. Según las organizaciones sociales, esto no significó que los mecanismos de ayuda del Estado hayan sido lo suficientemente eficaces frente a situaciones de Violencia basada en género, sino que, por el contrario, solamente tuvieron mayor visibilidad.

En Uruguay y durante 2019, cada 13 minutos una mujer denunció una situación de violencia de género. Fueron 108 denuncias diarias y casi 40 mil el acumulado al año. Entre el 13 de marzo y el 30 de junio de 2020 la línea 0800 4141 de asesoramiento y orientación a mujeres víctimas de violencia atendió unas siete mil llamadas. Abril fue el mes en el que más consultas hubo con una suma de 2231, lo que da como promedio unas 75 llamadas diarias: 35 llamadas menos que lo registrado durante 2019. Esta cifra representa un fenómeno repetido en el análisis de cómo se ha comportado la violencia de género en contexto de pandemia: el hogar deja de ser un lugar seguro y se transforma en la principal amenaza para las mujeres, quienes, en compañía de sus agresores, se ven perjudicadas en su capacidad de tener contacto con el exterior y, muchas veces, de salvarse.

De acuerdo con la última encuesta nacional de prevalencia sobre violencia basada en género y generaciones realizada en 2019 por el Ministerio de Desarrollo Social, 8 de cada 10 mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Dentro de los distintos patrones contemplados por la Ley Integral de violencia basada en género —violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y violencia económica-patrimonial—, la violencia  psicológica es la modalidad registrada con mayor frecuencia. Y este comportamiento no fue la excepción durante los primeros meses de la pandemia. 

Así lo califica Soledad González, integrante del colectivo Cotidiano Mujer y de la Intersocial Feminista del Uruguay, para quien la crisis sanitaria por la covid-19 complica aún más los episodios de violencia preexistentes: “es un problema que agrava las situaciones de violencia, sin embargo, no se tomaron las medidas iniciales; cuando el confinamiento potencia las situaciones que se viven adentro y se generan situaciones extremadamente violentas”. Si bien el Gobierno optó, entre otras medidas, por aumentar y comunicar masivamente los servicios de respuesta a la línea de atención a víctimas, lo que ocurrió fue que “la gente se enteró de que había un número telefónico al cual denunciar situaciones de violencia de género y por esa gran disposición en el teléfono es que se duplicaron las llamadas”, explica González, quien también destacó que durante la pandemia fue recurrente que familiares o amigos de las víctimas se comunicaran buscando asesoramiento sobre cómo denunciar situaciones de violencia de género ante la presencia del agresor en el mismo lugar en que vive la  mujer, lo que le impedía poder comunicarse ella misma por vía telefónica.

Por otro lado y con el objetivo de evitar la propagación del virus, también se decidió cancelar temporalmente la presencialidad en la atención de prácticamente todos los servicios del Estado, entre los que se incluye el servicio de las Comunas Mujer en Montevideo y el área metropolitana. Estos espacios solo existen como tal en la capital y están dedicados especialmente a otorgar servicios gratuitos de atención personalizada en asesoramiento jurídico y atención psicosocial en situaciones de violencia doméstica. Pero su atención fue cancelada luego de que se decretara la emergencia sanitaria y así permaneció por unos meses. “Lo que tomaron es mínimo. Fortalecieron una cosa y debilitaron otra. No se tomaron mecanismos directos para la resolución de conflictos”, explicó González y destacó que desde su perspectiva “no hubo ninguna alteración en la situación pre y post coronavirus. Lo que en realidad sucede es que el sistema no está convencido de la gravedad y la urgencia que tiene el tratamiento de las situaciones de violencia”.

Violencia en casa

En Uruguay hay 1.718.000 mujeres, según datos de la FAO, lo que representa el 51,8% de la población del país. Referido a cómo evolucionó el promedio de mujeres víctimas de violencia durante el confinamiento voluntario que se dio en Uruguay, según el estudio “Violencia en casa”, realizado en abril por Nómade Consultora, un grupo de consultores en investigación, diseño y planificación estratégica en conjunto con la organización Intersocial Feminista, dos de cada diez mujeres fueron víctimas de violencia o conocen a alguien que está en esta situación desde que comenzó la emergencia sanitaria en el país el 13 de marzo.

Esta encuesta fue realizada de manera on-line y la muestra llegó a 1808 mujeres encuestadas, una relación representativa entre cantidad de mujeres de la capital (donde viven más de un millón y medio de personas, más de la mitad de la población del país) y del interior del país. 

La violencia psicológica ocupa, nuevamente,  el primer lugar en los tipos de violencia sufridos por las mujeres: 68% indicaron estar padeciendo sus efectos, seguida de la violencia patrimonial y económica. Cabe destacar que en la mayoría de estos casos, la  violencia es perpetrada por personas vinculadas al entorno cercano de la víctima, sobre todo, parejas o exparejas. 

Mientras que el 20,3% indicó que ella misma o alguien de su entorno estaba viviendo una situación de violencia, el 1,4% escogió no responder a esta pregunta, un dato que indica una de las principales complejidades en el trabajo con personas víctimas de violencia, ya que no siempre son capaces de reconocerse como víctimas, según explica el informe. Por otro lado, dentro del mismo estudio se indica que el 83% de las encuestadas conoce los servicios de atención del Estado, pero que solo el 26% recurre a estos mecanismos en caso de necesitarlos. El resto prefieren buscar apoyo en personas cercanas. 43% calificó a los servicios del Estado como “insuficientes”.

Ante la pregunta de “¿Qué necesidades tienen en este momento de pandemia?”, la mayoría de las encuestadas indicó la necesidad de la contención emocional (44%).  Para Victoria Marichal, psicóloga e integrante de la Red de Psicólogas Feministas, la situación de la pandemia agudiza las consecuencias de la primera fase del círculo de violencia, llamada fase de tensión, un período que puede llegar a durar años en donde se dan episodios de permanentes de roces en la pareja que pueden acumular ansiedad, hostilidad y miedo, sin que esto derive golpes físicos. De esta manera y debido al impacto de la crisis en la situación laboral de las parejas, la tensión aumenta y deviene en un estallido de violencia mayor en la segunda fase de este ciclo. 

Para la psicóloga, esto se ve influenciado a nivel social por cómo los varones tienen y ocupan el lugar de proveedores dentro de la relación. El hecho de que se genere un quiebre en el estado económico y sanitario, ocasiona que se aumente la tensión y esta sea descargada en las mujeres y en la casa, espacio que se convierte para ellas en el lugar menos seguro. “Siempre que haya una crisis económica o social, lo primero que van a tambalear son los derechos de las mujeres”, concluye Marichal citando a una de las grandes referentes del movimiento feminista, Simón de Beauvoir. 

En Uruguay, el comienzo de la pandemia también estuvo marcado por el comienzo de un nuevo gobierno. Luis Lacalle Pou asumió como nuevo Presidente de la República el 4 de marzo y el primer caso de covid-19 fue detectado nueve días después. Este nuevo gobierno de centro-derecha puso punto final a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, sector político de la izquierda uruguaya. 

Una de  las primeras medidas del Poder Ejecutivo luego de la nueva asunción, fue enviar al Parlamento el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), fuertemente rechazada por diversos sectores de la educación y sociedad civil. Esta ley, finalmente aprobada en el mes de julio, fue catalogada como una “iniciativa ómnibus” por la cantidad de artículos que posee (476 fue el número final de artículos aprobados) y generó discrepancias por el poco tiempo de discusión que se le dio a nivel parlamentario y modificaciones que planteaba en el ámbito de la seguridad pública, inclusión financiera, el derecho a huelga o el tratamiento de los menores de edad frente a la Justicia. En este sentido, la Intersocial Feminista se declaró contraria a la aprobación de la LUC, entre otras cosas,  por la propuesta de creación de una Dirección Nacional de Políticas de Género en remplazo de la división de políticas de género del Ministerio del Interior. 

Por otro lado, la Intersocial también reclamó al nuevo gobierno más presupuesto para el combate de la violencia de género y se manifestó en contra del recorte de fondos sufrido en instituciones dedicadas al apoyo de las personas más vulnerables, como el Ministerio de Desarrollo Social. Otro punto de discrepancia con la propuesta del  presupuesto para el nuevo período de gobierno se dio luego de que se planificara la creación de tres juzgados especializados en violencia de género a pedido de la vicepresidenta Beatriz Argimón. En este sentido, Valeria Caggiano, integrante de la Intersocial, comentó en una entrevista radial que esto “no mueve la aguja” y que lo necesario son juzgados multimateria que no promuevan procesos de revictimización y que brinden una mirada y tratamiento integral ante situaciones de violencia de género.

Sin embargo, en medio de este contexto, el Primer Mandatario se refirió a los femicidios como “un efecto colateral” de la pandemia y el Ministro de Ganadería los comparó con el abigeato. Mientras tanto, 19 mujeres murieron en manos de sus agresores desde enero de 2020. 15 de ellas fueron asesinadas desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el cierre de septiembre.

Feminicidios

Uruguay: se duplican llamadas a la línea de atención por violencia de género

El 0800 4141 registró el doble de consultas luego del 20 de marzo, al iniciarse la segunda semana de confinamiento, e Inmujeres reforzó medidas de asistencia. 

La ley integral de violencia basada en género fue promulgada en 2017 y reglamentada en noviembre de 2019. Reconoce a este tipo de violencia como “toda aquella forma de discriminación que afecta, directa o indirectamente, la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como la seguridad personal de las mujeres”. Se entiende dentro del ámbito público y el privado y comprende tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, así como por instituciones privadas o particulares.

Ante la aparición de los primeros cuatro casos de coronavirus en el país, el día 13 de marzo, el gobierno exhortó a la población a permanecer dentro de sus hogares para frenar la propagación del virus, luego de cancelar las clases presenciales en todos los niveles de educación del país en el ámbito público y privado, no permitir ningún tipo de evento masivo e incentivar al teletrabajo en aquellas tareas que así lo permitieran. A diferencia de otros países vecinos, la cuarentena obligatoria no estuvo dentro de las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia. 

El 16 de marzo la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, comunicó la decisión de fortalecer el sistema de respuesta telefónica (0800 4141) para el asesoramiento de mujeres en situación de violencia, así como también fortalecer la línea del 911 para atender estos casos. Según datos que obtuvo el diario El Observador, el promedio de llamadas por día a la línea era de 40, mientras que durante la primera semana de confinamiento, entre el 13 y el 20 de marzo, fue de 35. Sin embargo, esta cifra ascendió rápidamente en las siguientes semanas con un registro de entre 50 y 80 diarias, según informó el medio. 

Por otro lado, si bien se decretó la feria judicial, se acordó con la Suprema Corte que los juzgados especializados en violencia de género extendieran los plazos de las medidas cautelares, medida que fue solicitada por las organizaciones feministas adheridas dentro de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.

Según el Ministerio del Interior, la cifra de femicidios en marzo llegó a cuatro, aunque estos ocurrieron entre el 4 y el 14 de marzo, una semana antes de la aparición de los primeros casos de COVID-19. En el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 se registraron en Uruguay cuatro casos de femicidios. Solamente en marzo 2020 hubo 4. La suma total de femicidios al 22 de abril de 2020 es de 5 (uno más ocurrido en enero).