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Patrones de violencia de género

La violencia de género invisible, la más padecida durante la pandemia

La violencia de género psicológica es el mayor padecimiento que sufrieron las mujeres latinoamericanas durante la pandemia por la covid-19, según se desprende de las denuncias y llamados de emergencia que realizaron. A su vez, es la más difícil porque es “invisible” para una cultura y justicia patriarcal que deslegitima el valor de la palabra de la mujer.

Texto: Malena Montes (Argentina)

 

El virus de la covid-19 no diferencia entre géneros, pero la violencia, sí. La categoría psicológica fue uno de los mayores padecimientos que sufrieron las mujeres en Latinoamérica durante el confinamiento por la pandemia, según se desprende del relevamiento de Violentadas en Cuarentena de datos de llamadas a las líneas de emergencias y las denuncias judiciales que se realizaron en los 19 países abarcados.

Se trata de un tipo de violencia de género invisible a los ojos de la sociedad, ya que no deja marcas comprobables en el cuerpo, a diferencia de la violencia física u otras violencias; este patrón se define como la que causa “daño emocional y disminución del autoestima mediante amenazas, acoso, humillación, manipulación o aislamiento”, según la Ley 26.485 de Argentina de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En Latinoamérica, todos los países que tienen legislación en torno a la protección de las mujeres mencionan el tipo de violencia psicológica. Aún así, ninguno pudo contener el aumento de esta categoría durante la pandemia, a razón de dos disparadores centrales, que fueron potenciados en el contexto del confinamiento en el hogar por la pandemia de la covid-19.

El valor social de la voz de la mujer

En primer lugar, para que esta violencia pueda ser combatida, es necesario que la cultura revalorice la palabra de la mujer. Ésta debe ser un elemento suficiente de prueba para accionar los mecanismos necesarios de protección a las víctimas. En la práctica, lamentablemente, esto no sucede: las víctimas muchas veces son culpadas y su palabra es descreída y subestimada. Así, se las trata de mentirosas, se las violenta y revictimiza. En algunos casos, incluso, se las vuelve a exponer a los anteriores agresores. 

El descreimiento de la palabra de la mujer deviene de una construcción histórica y misógina que empieza en los mitos griegos como “La caja de Pandora”, cuando las mujeres ni siquiera eran consideradas ciudadanas, y continúa con la ciencia justificando en papeles más eclesiásticos que científicos sobre una supuesta condición biológica femenina dominada por la histeria, la locura y la irracionalidad. 

“Si una mujer se siente en condiciones de denunciar violencia psicológica, el sistema judicial debería considerar que su palabra tiene valor y, en nuestro sistema, que es patriarcal, una mujer es, a priori, una mentirosa, una fantasiosa, una exagerada o alguien que imaginó que le está pasando algo que, en realidad, no le pasó”, analiza Liliana Hendel, psicóloga y periodista feminista, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG).

El valor social de la figura femenina está dañado tras siglos de estas creencias que configuraron nuestras prácticas culturales, nuestra legislación y nuestras relaciones de género. En ese sentido, los movimientos de mujeres son claves para reconfigurar estas creencias.

A ese estigma de la “mentirosa” y la “loca” que padecen las mujeres a consecuencia de una construcción histórica y misógina, se suma una característica propia de la violencia psicológica: que no se puede demostrar en una marca o en una trazabilidad (como la violencia económica), sino en el propio relato de la víctima, cuando denuncia que su autoestima está viéndose afectada.  

En ese contexto de desvalorización de la palabra de la mujer, demostrar el daño emocional es difícil ya que, en palabras de la experta, “cualquier argumento, por ridículo que sea, es inverosímil, y abona el estereotipo de mujeres como personas inestables emocionalmente, siempre cerca de ser locas, a merced de nuestras hormonas, con estados de humor y de carácter que, a veces, nadie entiende”.

Por otra parte, durante la pandemia, movilizarse también implica un riesgo para la salud, por lo cual otras vías de acercamiento fueron las principales. En ese sentido, las líneas de emergencias, correos electrónicos y chats fueron los medios para asesorar y acompañar a las víctimas. 

Al analizar los datos de las líneas de emergencia, existe una diferencia respecto de quién recogió las cifras: cuando el registro de cifras se realizó desde organismos que administra el Estado, la información fue más eficiente y precisa en cuanto al alcance y la categorización de las violencias, mientras que en los países donde la asistencia y el almacenamiento de datos quedaron en manos de la sociedad civil, es decir, organizaciones feministas para-estatales (como en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela), la información fue menos abarcativa.

Aunque algunos países tomaron la decisión de mejorar sus líneas de emergencia, hubo casos como el de Nicaragua, donde la situación es crítica. Según Fiore Stella Bran Aragón, filósofa, feminista y especialista en inmigración de ese país, el gobierno de Daniel Ortega introdujo la figura de «mediación» como paso previo y requerido antes de la denuncia, es decir que creó un mecanismo para desvalorizar aún más la palabra de la mujer y, a su vez, exponerlas aún más a sus agresores. Por otra parte, desmantelaron las Comisarías de la mujer, que eran quienes recogían cifras y acompañaban a víctimas, y las sustituyeron por “Consejería familiar”, que no está formada por expertos, sino por miembros del propio partido político que gobierna. 

Por último, el único país que no cuenta con legislación de ningún tipo para la violencia por motivos de género es Cuba, pero las alternativas de la sociedad civil (como la plataforma online independiente Yo Sí Te Creo) proponen acompañamiento psicológico y legal mediante correo electrónico. 

Para mejorar el acceso de las mujeres a una justicia inclusiva, que valore su voz, es necesario contar con información fiable y segregada, ya que es clave para poder desarrollar políticas públicas eficientes.      

El asesoramiento en las líneas de emergencia

Durante los meses de marzo a junio de 2020, cuando los países de Latinoamérica comenzaban progresivamente a aislarse para protegerse del virus de la COVID-19, aumentaron los registros de las llamadas por asesoramiento de violencia de género en las líneas de emergencia de los distintos países.

Además, durante la pandemia en algunos países hubo un aumento significativo en las llamadas pidiendo asesoramiento específicamente sobre la violencia psicológica, que responde al desconocimiento que existe sobre este patrón en las víctimas que lo padecen. 

En ese sentido, el punto clave para analizar en este patrón es la propia incertidumbre de las víctimas que, en muchos casos, no saben de la existencia de este tipo de violencia, ni cómo identificarla, a causa de la internalización de la misma en nuestra cultura a través de dispositivos como el humor, comentarios sexistas, prácticas culturales, entre otras. 

Así, según se desprende de los datos relevados, en Argentina y Ecuador la violencia psicológica fue el tipo de violencia más denunciado y consultado a través de las líneas de emergencia pidiendo por asesoramiento. En Chile y Guatemala la violencia psicológica también fue la más denunciada, pero no se sabe específicamente en las llamadas; en Chile, por ejemplo, en sus registros de la línea 1455 se observa un gran aumento en el número de llamadas, pero indican “violencia grave”, “violencia inicial” y “violencia vital”, concepciones que no coinciden con su legislación al respecto; mientras, en Guatemala, las llamadas también aumentaron y tampoco se diferencia en este aspecto qué tipo violencia fue la consultada.  

En Bolivia registran en las denuncias “violencia intrafamiliar o doméstica”, que según su Ley número 1674 de “violencia contra la familia o doméstica”, refiere: “Los bienes jurídicamente protegidos por la presente ley son la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar”. En este territorio, según las denuncias, cuando en marzo se registraron 235 denuncias, en junio fue de 1642, un incremento del 75%. No hay información de llamadas por emergencia.

En Brasil se observó un aumento en las denuncias y llamadas por violencia de género de marzo a junio (siendo mayo el peor mes en ambos casos, con 11153 denuncias y 157782 llamadas, según las cifras que recogió el Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – ONDH, o Disque Direitos Humanos – Disque 100), pero como no diferencian entre tipo de violencias, no se conoce qué tipo de violencia fue la más padecida. 

En Colombia, según los registros de la línea 155 también se puede ver un aumento en las llamadas por asesoramiento, que si bien no disgregan al momento de recoger las cifras, en su legislación la violencia psicológica está presente en su definición sobre la “violencia contra la mujer”. 

Solo en Costa Rica y en el mes de marzo en Perú se registraron más violencias por maltrato físico que psicológico. En Costa Rica, donde dicen “violencia contra las mujeres” en vez de “violencia de género”, según las denuncias, la mayoría de los tipos de violencia corresponden a “maltrato”, con 5661 casos entre marzo y junio de 2020. Las llamadas para consultas y asesoramiento coinciden, ya que lidera la “violencia doméstica”. La violencia psicológica, sin embargo, ocupa el segundo lugar de denuncias y llamadas, a la que nombran en su legislación como “amenazas” o “incumplimiento de una medida de protección”, penalizando a “la persona que, reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”. 

En Perú, por su parte, si bien en el registro de las denuncias no queda claro si el patrón de violencia psicológica fue el más denunciado, ya que todas las violencias están englobadas en las categorías “física y psicológica”, que provienen de Equipos Itinerantes de Emergencia (EUI), en las llamadas sí se pudo observar un aumento de pedido de asesoramiento aunque solo en el mes de marzo. En el resto de los meses, según las cifras brindadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), las llamadas en pedido de asesoramiento para violencia psicológica lideraron todos los registros. 

En El Salvador, en las denuncias consignan “expresión de violencia contra la mujer”, que es la cuarta violencia que padecieron las mujeres según informa la Fiscalía General de la República (aquí la principal violencia fue la sexual, la segunda física y la tercera violencia patrimonial); sin embargo, en la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, del Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la mujer, no se menciona dicha concepción como una violencia contra las mujeres, pero sí la violencia psicológica, feminicida, física, patrimonial, sexual y simbólica. Es decir, existe un aumento en los registros de denuncias y llamadas de emergencia en este país, pero al no estar diferenciadas según el tipo de violencia, no hay datos sobre violencia psicológica en específico. 

En Honduras, que incluyen la violencia psicológica dentro de la “violencia doméstica”, hay solo registro de llamadas -y no de denuncias- por parte del Sistema Nacional de Emergencia 911, que se mantuvo en un promedio de casi 8 mil llamadas por mes, siendo mayo el más grave con 9250 llamadas. 

En México, las denuncias las recogen cada una de las 32 Fiscalías del territorio que apuntan en los registros de marzo a junio del 2020 “Lesiones dolosas, corrupción de menores y trata de personas”; las llamadas, por su parte, indican “Violencia familiar, violencia de pareja, violencia contra la mujer, acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual y violación”. En ambas categorías hubo aumentos, pero la violencia psicológica no está detallada, muy contrariamente a la legislación que tienen al respecto, que agrega muchos más conceptos a este tipo de violencia que los que se encuentran en las Leyes de otros países: a “insultos, humillaciones y devaluación”, en México la violencia psicológica incluye celotipia, desamor, infidelidad, comparaciones destructivas y descuido reiterado.

En Paraguay, tanto las denuncias derivadas de comisarías o sedes fiscales como las llamadas registradas por el Observatorio de la mujer del Ministerio de la Mujer, solo indican “violencia física o psicológica” -si bien su legislación es más amplia-, siendo marzo el peor mes en cuanto a denuncias (2320) y abril en cuanto a llamadas (724). 

En Puerto Rico, los registros de llamadas a la línea 1+ 787.722.2977 señalan que a marzo como el peor mes (485), aunque no específicamente sobre violencia psicológica, ya que el último reporte compartido a la prensa por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y provista por el Observatorio de Equidad de Género, indica de manera unánime y no diferenciada en cifras “violencia doméstica, acecho, discriminación por género y agresión sexual”. Por otra parte, no se encuentran registros acerca de las denuncias.

En República Dominicana, las denuncias que informaron en la Procuraduría General de la República hablan de violencia psicológica en marzo en tercer lugar y de “amenazas” en cuarto lugar (primero indican “violencia intrafamiliar” y segundo “golpes, heridas y agresión física”), padecimientos que están incluídos en la concepción de violencia psicológica de su legislación. En cambio, en el resto de los meses, en abril “amenazas” está en quinto lugar, pero en mayo y junio solo apuntan “violencia doméstica o intrafamiliar” seguido de “violencia contra la mujer”, sin diferenciar los tipos de violencia como en los meses anteriores. Respecto de las llamadas, por su parte, la Línea Mujer *212 que depende del Ministerio de la Mujer concentra el peor mes en marzo (935 llamadas), aunque sin diferenciar más allá de “violencia psicológica y física”, no distinguiendo cuál pertenece a cada uno. 

Por último, Uruguay duplicó las llamadas a la línea de atención por violencia de género, según rescata el medio local El Observador, porque no hay cifras estatales; mientras Venezuela, que no publica cifras, cuenta con una de las leyes especiales más avanzadas en toda la región sobre violencia de género: la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde está tipificada la violencia psicológica. “Las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, son quienes se han puesto en el hombro la recolección de casos y monitoreo de víctimas”, aseguró Georgia Rothe, abogada venezolana diplomada en derechos humanos.

En conclusión, aumentaron significativamente las llamadas a las líneas de emergencia durante estos meses de aislamiento en todos los países de Latinoamérica, si bien sólo en Argentina y Ecuador se sabe que fue predominante la violencia psicológica ya que son los únicos que cuando registran las llamadas incluyen específicamente a este patrón.

El hecho de que hayan aumentado de manera significativa las llamadas en las líneas de emergencia de todos los países de Latinoamérica demuestra que el asesoramiento es clave para tratar la violencia de género, pero particularmente la psicológica, que es considerada la “más invisible” por estar tan normalizada en la cultura machista y, por tanto, la que más incertidumbre genera en las víctimas.  

En ese sentido, las capacitaciones en materia de violencia de género en todo el entramado institucional que envuelve a las denuncias es necesario para no revictimizar, tomar denuncias con datos eficientes y, en definitiva, contener la violencia para las víctimas. En la actualidad, únicamente Argentina cuenta con una ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, llamada Ley Micaela, en homenaje a una víctima de feminicidio. La misma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. 

Información segregada y recogida por equipos capacitados en perspectiva de género en las líneas de emergencia para luego crear futuras políticas públicas, parece vislumbrarse como el puntapié para mejorar la calidad de vida de las mujeres en Latinoamérica, es decir, que puedan gozar de su derecho a vivir una vida libre de violencias.

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Las fuentes consultadas para la elaboración del video y de este texto son: Argentina: Oficina de Violencia Doméstica – Corte Suprema de la Nación. Bolivia: Fiscalía General  Del Estado. Brasil: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos – ONDH, o Disque Direitos Humanos – Disque 100. Chile: Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (PDI). Costa Rica: Ministerio Público (Poder Judicial de Costa Rica). Ecuador:Fiscalía General del Estado. El Salvador: Fiscalía General de la República. Guatemala: Ministerio Público. Honduras: Ministerio Público. México: Fiscalías de las 32 entidades. Paraguay: Denuncias derivadas de comisarías o sedes fiscales. Perú: Equipos Itinerantes de Emergencia (EUI). Puerto Rico: Por lo general las denuncias se presentan en los cuarteles de policía. Rep Dom: Procuraduría General de la República. Llamadas: Argentina: 144 / Bolivia: Linea nacional 800140348 y 11 lineas de Whatsapp de la FELCV / Brasil: 180 / Chile: Línea 1455 / Colombia: 155, Línea Púrpura/ Costa Rica: 911 / Cuba: (+)5355818918 Línea habilitada por la organización independiente  Yo sí te creo Cuba / Ecuador: 911 / El Salvador: Línea 126 Busca Ayuda / Guat: 1572 / Hond: 911 / México: 911 / Nic: 118 / Par: 137 / Pto Rico: 1+ 787.722.2977 / Rep Dom: Línea Mujer *212 / Ur: 0800 4141 / 911

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