La violencia sexual durante la pandemia: pocos datos y diferentes tendencias

Autoría: Carmen Quintela Babío (España)

 

La violencia sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud como los actos sexuales (o el intento de llevarlos a cabo), los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, que se realizan en cualquier ámbito y sea cual sea la relación de víctima y victimario. Es un tipo de violencia de género que implica una expresión de abuso dentro de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó en una de sus sentencias que “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”.

Según el país y la institución o la organización que la nombra, dentro del concepto, se pueden incluir diferentes tipos de violencias, como el acoso sexual, abusos y agresiones, violación, humillación sexual, prostitución forzada e incluso la negación del derecho a hacer uso de métodos anticonceptivos y de protección contra enfermedades de transmisión sexual.

Para esta investigación se realizó un análisis de los datos de denuncias de 19 países de América Latina, de marzo a junio de 2020, para tratar de identificar patrones y tendencias de la violencia sexual durante estos meses. Se revisó la información entregada por instituciones públicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Todos estos países han tipificado la violencia sexual en su legislación. La mayoría lo ha hecho en leyes creadas para nombrar las violencias contra las mujeres. Cuba no cuenta con una ley específica, pero en su Código Penal se tipifican los delitos de violación y estupro, cuya víctima, según la norma, se considera siempre una mujer.

Desde el inicio de la pandemia por covid-19, en varios países de América Latina se habilitaron diferentes vías y líneas telefónicas para hacer denuncias de violencias contra las mujeres, entre ellas, la violencia sexual. En algunos, estas líneas ya existían desde antes de la emergencia sanitaria y en otros lugares, los números de teléfono y espacios de denuncia no son exclusivos para las violencias de género.

En estos 19 países de América Latina se solicitaron por acceso a la información pública las llamadas realizadas a los números habilitados y las denuncias presentadas de marzo a junio de este año, durante los primeros cuatro meses de la emergencia sanitaria en América Latina. Las instituciones que recibieron estas denuncias y registraron estas llamadas fueron fiscalías e instituciones gubernamentales.

En total, en este tiempo se registraron 239 mil 220 denuncias en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. 

Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela no entregaron la información solicitada en cuanto a denuncias. 

Además, se registraron 694 mil 752 llamadas a los números habilitados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, de nuevo, no se facilitó esta información. 

Sin embargo, no todos los países que enviaron los datos segregaron las cifras según el tipo de violencia que se denunció. Por ejemplo, únicamente Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y Guatemala entregaron datos de denuncias por violencia sexual.

En estos cinco países, se recibieron, entre marzo y junio de 2020, 3494 denuncias relacionadas con agresiones sexuales y violaciones. El país que más denuncias recibió fue Bolivia, con 1026, seguido de Ecuador, con 1025. En El Salvador se registraron 706, en Chile 649 y en Guatemala 88. 

En cuanto a las llamadas, solo en Argentina, Ecuador y Perú se segregó la información según el tipo de violencia. En estos cuatro meses se registraron un total de 4385 llamadas vinculadas a violencia sexual. El país que más llamadas recibió fue Perú (3286), seguido de Argentina (1053) y Ecuador (46).

La tendencia a lo largo de los meses varió según los países. Las denuncias en Chile y Ecuador tuvieron dinámicas similares: en abril hubo una bajada de reportes, que volvió a incrementarse en mayo y junio hasta llegar a cifras similares con las que comenzó la cuarentena. 

En El Salvador y Bolivia, sin embargo, aumentaron las denuncias en abril, que fueron cuatro veces más que en marzo en el caso de El Salvador y casi seis veces más en el caso de Bolivia. En Bolivia siguieron en incremento las denuncias en mayo y junio: cada mes se registraron más denuncias que el anterior. 

En El Salvador, las cifras en los meses de mayo y junio fueron similares a las de abril, aunque continuaron mucho más elevadas que en marzo. 

En Guatemala, con unos números mucho menores que en los otros cuatro países, la tendencia fue muy diferente: se registró un descenso de las denuncias a lo largo de estos cuatro meses. 

La dinámica de las llamadas también fue diferente según el país: en Argentina y Ecuador, se incrementaron en abril. Por ejemplo, Argentina pasó de 99 llamadas en marzo a 316 en abril. Después continuó una tendencia similar en los siguientes meses. 

En Perú se registró un descenso de llamadas en abril (de 845 se pasó a 592) y en mayo y junio hubo un aumento que superó a las denuncias de marzo. 

Las reaperturas

Algunas de estas subidas y bajadas en las denuncias coincidieron parcialmente en el tiempo con la apertura de la actividad económica y el relajamiento de las medidas de los países. 

Por ejemplo, en Argentina las llamadas para denunciar violencia sexual se incrementaron en abril y mayo, coincidiendo con la autorización del gobierno para que la gente pudiera realizar salidas breves, después de haber adoptado restricciones firmes desde el inicio de la cuarentena. 

Esto no necesariamente tiene por qué tener relación con el aumento de la violencia, pero podría estar relacionado con la mayor posibilidad de denunciar de las mujeres. 

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, asegura que ven “con preocupación que aún existen muchas barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención.  En algunos países, los servicios de atención han sido interrumpidos o el foco de las autoridades está en la respuesta a la crisis y en hacer cumplir con las medidas de aislamiento social. Esto puede generar mayor impunidad para los perpetradores”.

Quetzalí Cerezo, abogada guatemalteca, añade que “el confinamiento se vuelve un obstáculo más para que las mujeres puedan denunciar esta violencia. Hacemos un llamado a las autoridades para que inviertan los recursos necesarios y propicien mecanismos digitales y telefónicos para atender esta grave situación”.

De hecho, Vaeza cuenta que en el análisis de ONU-Mujeres encontraron un aumento en el número de llamadas a las líneas de atención a la violencia contra las mujeres, mientras que se registró una disminución en las denuncias. “Esto no implica que la violencia haya bajado, sino que se debe a que las mujeres han tenido oportunidades reducidas de salir de sus hogares o de hacer llamadas, porque están en contacto constante con el agresor y sus redes de apoyo son más limitadas”. 

Con los datos con los que contamos para este análisis, únicamente podemos hacer la comparación de llamadas y denuncias de violencia sexual en el caso de Ecuador, ya que en los demás países o sólo se facilitaron datos de llamadas para reportar violencia sexual o sólo de denuncias (o no se facilitaron de ninguna de las dos).

En este país, hubo un pico de llamadas en abril (de siete, se pasó a 13) aunque descendió de nuevo en mayo (6) y volvió a incrementarse en junio (20). Esta dinámica es opuesta a la que siguieron las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado, que tuvieron una bajada en abril y aumentaron en mayo y junio. El país comenzó su reapertura a inicios de junio.

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que para realizar un análisis más preciso de estos datos (y de la información de los demás países), sería necesario conocer las cifras de años anteriores, para verificar si la cantidad y tendencia de las denuncias ha estado influida de alguna manera por la pandemia de covid-19. También podría enriquecer el panorama contar con información de los meses previos a la pandemia, para saber si las medidas tomadas por los gobiernos influyeron en el aumento o descenso de denuncias.

Por ejemplo, según datos de la Dirección de Estadísticas y Sistema de Información de la Fiscalía General del Estado de Ecuador recopilados por el Grupo de trabajo por los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en Ecuador “Derechos + Dignidad”, entre febrero y abril de 2020 se presentaron menos denuncias por delitos sexuales que en los mismos meses de años anteriores. Sin embargo, la dinámica de los primeros meses de 2020 es similar a la de los primeros meses de 2018 y 2019. 

También, explica Vaeza, de ONU-Mujeres, hay que tomar en cuenta otros factores como el impacto económico de la pandemia: “La pérdida de medios de vida, de ingresos o de trabajo puede generar barreras adicionales para alejarse del perpetrador y denunciarlo debido a la dependencia. El confinamiento en los hogares es necesario, pero para muchas mujeres, personas LGBTIQ, niñas y niños, aumenta su vulnerabilidad ante las diferentes formas de violencia de género. Estar en casa lamentablemente no es seguro para todas”, recuerda Vaeza.  

Este impacto económico puede intensificar la violencia contra las mujeres, explica, “sobre todo en el ámbito doméstico, ya que para los perpetradores perder el trabajo, tener inestabilidad económica o el estrés pueden generar una sensación de pérdida de poder, y esto puede elevar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres”. 

“Las niñas y adolescentes están en una situación de riesgo aún mayor, ya que la violencia sexual proviene de hombres de la familia más próxima. Esto causará un aumento en los casos de violencia sexual, los embarazos no deseados y los abortos inseguros”, añade la abogada Quetzalí Cerezo.

Además, remarca Vaeza, “las organizaciones de mujeres de sociedad civil están bajo mucha presión para adaptar las modalidades de sus servicios y responder al aumento en la demanda de servicios sin recursos adecuados”.

La directora regional de ONU Mujeres añade que “sin duda, las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como la restricción de movilidad en y entre los países, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales”.

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Las fuentes consultadas para la elaboración del video y de este texto son: Oficina de Violencia Doméstica – Corte Suprema de la Nación (Argentina). Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (Argentina). Fiscalía General Del Estado (Bolivia). Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Bolivia). Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (Brasil). Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones (Chile). Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Chile). Observatorio Colombiano de las Mujeres (Colombia). Ministerio Público (Costa Rica). Instituto Nacional de la Mujer (Costa Rica). Yo sí te creo (Cuba). Fiscalía General del Estado (Ecuador). Servicio Integrado de Seguridad (Ecuador). Fiscalía General de la República (El Salvador). Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (El Salvador). Ministerio Público (Guatemala). Ministerio Público (Honduras). Sistema Nacional de Emergencias (Honduras). Fiscalías de la República (México). Sistema Nacional de Seguridad Pública (México). Ministerio de la Mujer (Paraguay). Equipos Itinerantes de Emergencia (Perú). Ministerio de la Mujer (Perú). Observatorio de Equidad de Género (Puerto Rico). Procuraduría General de la República (República Dominicana). Ministerio de la Mujer (República Dominicana). Ministerio de Desarrollo Social (Uruguay).