La fuerza invisible de la violencia simbólica en América Latina

Texto: María Fernanda Romain (Argentina)

 

La lucha por la eliminación de todo tipo de violencia por cuestiones de género, ocupa un lugar preponderante en la agenda feminista de América Latina. Los países se han posicionado de diferentes formas para intentar combatirlas, ya sea a través de políticas públicas, campañas de concientización o herramientas legislativas. Sin embargo, en la mayoría de los países, no se habla aún de la violencia simbólica, una amenaza que avanza invisible y prepara el terreno para la proliferación de todas las demás.  

La simbólica es una de las violencias por cuestiones de género más difíciles de identificar. Refiere a la creación o reproducción en ámbitos públicos o privados, de ideas, signos, símbolos o mensajes, que perpetúan la desigualdad, la discriminación o la violencia hacia las mujeres. En ocasiones, se trata de discursos que colocan a la mujer en un lugar de subordinación y lo hacen a través de la reproducción de estereotipos. Se trata por ejemplo, de describir a la mujer como la única responsable de la realización de las tareas de cuidado o de los quehaceres domésticos, de reducirla a una figura secundaria frente a los hombres, de referirse a ella como objeto, de opinar sin su consentimiento sobre su aspecto físico o de relacionarla con conductas sumisas, como el silencio, la obediencia o el acatamiento de órdenes.

Estos mensajes circulan en el interior de la sociedad y son amplificados por los medios de comunicación. Están tan naturalizados, que a veces no solo resulta complejo reconocer la violencia simbólica que contienen, sino que incluso, se los vincula de forma inconsciente con tradiciones, identidad cultural o prácticas cotidianas. 

Según la Consejería para la Equidad de la Mujer y el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, en términos generales, los estereotipos acerca de las mujeres han tenido históricamente un fuerte efecto discriminatorio, del cual se han seguido prácticas de violencia en su contra. Los estereotipos asignados a la mujer, ligados fundamentalmente a su supuesta dependencia, sumisión y exclusiva aptitud de madre, cuidadora y ama de casa, han dado lugar a prácticas, inicialmente privadas y luego sociales, públicas, institucionales y legales excluyentes y de profundo acento discriminatorio.

Ya en 1995, la Conferencia de Beijing advertía que la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer a través de los medios era un asunto que los Estados debían cambiar con urgencia.

Transcurridos 25 años, la situación no mejoró. Para 2020, el aislamiento social por la covid-19, generó un aumento exponencial de la violencia contra las mujeres. “La dinámica diaria de las mujeres en situación de violencia ya es de por sí compleja y las medidas de aislamiento social aumentaron, sin dudas, los niveles de vulneración en los que se encuentran. Ahora deben permanecer 24×7 con sus agresores, confinadas”, asegura Georgia Rothe, abogada diplomada en derechos humanos, miembro de la Red Feminista del Estado Zulia (FEMIRED), de la Red de Mujeres de Amnistía Internacional Venezuela (AIVEN) y embajadora de la red de mujeres migrantes Venezolanas Globales.

Esta situación descrita por la ONU como la “pandemia en la sombra”, también tuvo un impacto en los niveles de violencia simbólica. “Este panorama permite la generación de violencias. Las agresiones pueden iniciar con expresiones de violencia simbólica y devenir en otras”, afirma por su parte Thelma Elena Pérez Álvarez, especialista mexicana en comunicación con perspectiva de género. En ese sentido, agrega: “Son algunos de los mensajes que circulan en distintos medios, como en las redes sociodigitales, por ejemplo, sobre la excesiva atención al cuidado de los cuerpos de las mujeres y la explotación de los mismos durante la pandemia”. 

Números que no existen

En toda la región latinoamericana, el único país que lleva un registro de las denuncias por este tipo de violencia es Argentina. De estos relevamientos se desprende que, durante los primeros tres meses y medio de la cuarentena, que comenzó el 20 de marzo tras lo dispuesto por el Decreto 297, en el país hubo más de dos mil llamados a la línea de emergencia nacional por violencia simbólica. En el resto de los países, los órganos públicos no contabilizan las denuncias o no hacen públicas las cifras.

De acuerdo a la regulación existente sobre violencia simbólica, se podría dividir a los países de América Latina en cuatro grupos: 1) aquellos que tipifican la violencia simbólica en el marco de violencia por cuestiones de género, que ofrecen planes nacionales, acompañamiento y hacen relevamientos, como es el caso de Argentina; 2) aquellos que la tipifican en el marco de violencia contra la mujer, pero sin relevamientos, como es el caso de Bolivia (2013), Ecuador (2018), El Salvador (2010), Paraguay (2016), Uruguay (2018) y Venezuela (2007); 3) aquellos que no la tipifican pero la regulan de forma indirecta a través de normativas relacionadas a la producción de contenidos audiovisuales, publicitarios o como derecho del consumidor, como es el caso de Perú, Colombia, Chile, Honduras, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, México y Nicaragua; y 4) aquellos países que no poseen normativas para abordar ningún tipo de violencia de género, incluyendo la violencia simbólica, como ocurre en Cuba.

La contención desde las redes de mujeres

“El rol del Estado es muy disperso y prácticamente no se centra en este problema. Lo vemos en toda la región, hay una ausencia total de campañas de sensibilización y educación permanente sobre este tipo de violencia (y de otros)”, describe Thais Aguilar, consultora estratégica en Fundación Justicia y Género de Costa Rica.

Es que en la mayoría de estos países, son las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos de las mujeres las que han sido clave para la erradicación de la violencia en general y de la violencia simbólica en particular. Ante la falta de políticas públicas, herramientas judiciales y seguimiento estatal de casos, estos organismos sociales se han convertido en actores necesarios para capacitar a la población, realizar relevamientos o brindar acompañamiento a las víctimas. Ese es el caso de FUNDAMUJER en Venezuela, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en Chile, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en Honduras, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) en México, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad en Costa Rica o el Observatorio de Género y medios Centroamericano.

Pareciera que los Gobiernos de América Latina no han tomado aún dimensión de la importancia de establecer políticas públicas para erradicar la violencia simbólica. Descansa, entonces, en la tarea de las organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos feministas, la esperanza de un cambio en el corto plazo.

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Las fuentes consultadas para la elaboración del video y de este texto son: Thais Aguilar, Catalina Soberanís, Thelma Elena Pérez Álvarez, Georgia Rothe, Ananda Winter, Eliana Persky, Yoselin Fernández, Ofelia Álvarez Cardier, Rocío Rosero Garcés, Yadira Minero, Illian Hawie.